El escándalo que hoy rodea a Mario Godoy ha vuelto a colocar en el ojo público la profunda crisis que atraviesa el sistema de justicia ecuatoriano. Se revela, una vez más, la fragilidad de un sistema que debería ser el último dique frente al crimen y la corrupción. Sin embargo, reducir el debate al caso Godoy sería un error. Este episodio es apenas el síntoma de una gangrena mucho más extensa y peligrosa.
La corrupción judicial en Ecuador no es un fenómeno nuevo ni marginal. Según el Rule of Law Index del World Justice Project, menos de una cuarta parte de los ecuatorianos confía en que los funcionarios corruptos enfrentarán consecuencias reales por actos ilícitos. Esta percepción no surge de la nada: es el resultado de años de procesos judiciales inconclusos, sentencias absurdas y casos emblemáticos que terminan diluyéndose en la impunidad.
Pero lo más preocupante no es la existencia de una justicia débil, sino la indiferencia social y política frente a ese problema. Para la mayoría de los gobiernos, la justicia no es una prioridad. Para la mayoría de los ciudadanos, tampoco. La razón es simple: la enorme mayoría de personas nunca ha pisado un juzgado, nunca ha leído una sentencia, nunca ha dependido de un juez para resolver un problema. La justicia se percibe como algo lejano, abstracto, técnico, reservado para los abogados. Esa percepción es un grave error.
Una justicia que funcione no es un lujo ni un adorno: es la precondición necesaria para que el Estado pueda cumplir cualquiera de sus promesas. No puede haber seguridad si los delincuentes saben que pueden entrar y salir de las cárceles como les da la gana. No puede haber educación si quienes desvían fondos públicos destinados a escuelas nunca rinden cuentas. No puede haber un sistema de salud digno si la corrupción en contratos, medicamentos e infraestructura hospitalaria queda impune. En otras palabras: sin justicia no hay política pública que sobreviva.
La crisis de inseguridad que atraviesa Ecuador es un ejemplo claro de esta dinámica. No se trata de tener más policías o más cárceles, sino tener un sistema judicial capaz de impartir justicia. Lo mismo ocurre con la corrupción administrativa: cada dólar robado al Estado es un dólar menos para hospitales, escuelas y programas sociales, y ese robo se vuelve estructural cuando la justicia falla sistemáticamente en sancionarlo. Cuando un Estado es incapaz de sancionar a quienes saquean sus recursos, el mensaje que se envía es devastador: delinquir sale barato. Y ese mensaje finalmente erosiona el contrato social. ¿Por qué pagar impuestos si se sabe que serán malversados? ¿Por qué respetar la ley si quienes la violan nunca son castigados?
Por eso, el debate que hoy genera el caso Mario Godoy debería servir para algo más que el escándalo coyuntural. Deber obligarnos, como sociedad, a replantear nuestras prioridades. Fortalecer la justicia no produce resultados inmediatos ni réditos electorales rápidos, pero es la inversión más rentable que un país puede hacer. La verdad incómoda es esta: sin tribunales que funcionen, no hay Estado que funcione. Todo lo demás es cuento. (O)