Otra vez se presenta la oportunidad de asumir con responsabilidad la reforma integral del seguro social, para lo cual se requiere la firme decisión política, que no ha habido en los últimos gobiernos. Se necesita la voluntad política para introducir reformas estructurales a sabiendas de que se cuenta con una mayoría en la Asamblea.

Durante los últimos tiempos se debilitó a la institución, ni siquiera se han cuadrado ni cruzado las cifras para establecer las deudas del Estado, especialmente en el sector de salud, mientras año tras año se reducen los recursos del fondo de pensiones.

Los esfuerzos que se han hecho se han diluido, como sucediera con la comisión de técnicos que le encomendara el anterior gobierno para que busque salidas a la situación del fondo de pensiones, pero que lastimosamente el documento valioso que presentara fue a los anaqueles cuando debe servir como una buena base de un borrador para la discusión.

Parte de los cambios en el debilitado seguro social son planteados en el nuevo proyecto urgente que ha remitido el Ejecutivo a la Asamblea titulado Ley de Fortalecimiento Crediticio, pero también fue incluido en la Ley de Transparencia Social, que puede convertirse en otro problema por condonaciones de deudas.

Han pasado varios años desde que varias organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas, analistas y organismos internacionales vienen planteando la necesidad de realizar reformas al sistema de seguridad social, específicamente al IESS y Biess, pero también al Issfa e Isspol. En especial la Mesa de Estudios de la Seguridad Social ha venido señalando no solamente las grandes debilidades sino que con sus análisis ha prevenido a los gobiernos lo que podría suceder de no tomar cartas en el asunto y ha sido muy insistente en una reforma integral del IESS y del Biess.

A lo largo de dos décadas, la Ley de Seguridad Social ha sido reformada y mutilada en aspectos que han sido de conveniencia para los gobiernos de turno, asambleas y determinados grupos de interés, pero todo ha apuntado a generar grandes problemas para el financiamiento, la sostenibilidad y la gestión misma de las instituciones.

Penosamente el Estado como tal no ha determinado, con una firme decisión política, un rumbo y un norte para el sistema, que ahora se debate entre problemas de financiamiento, inviabilidad y corrupción.

Aún no se ve hasta el momento una luz al final del túnel. Parecería que todo apunta a un colapso si no se toman las riendas de una reforma integral, basada en la técnica y orientada a cubrir la protección social.

El país ha podido ver una propuesta seria para el fondo de pensiones, realizada por un grupo técnico, que constituye una buena base para el debate nacional. En el tema de salud es mucho más complejo, más allá de la falta de medicamentos e insumos, por las distorsiones que existen en la atención a sectores que no aportan y especialmente por los altos niveles de corrupción.

El Gobierno y la Asamblea tienen que decidir el futuro del sistema de seguridad social, pero hasta hoy no se observan señales de una firme decisión política y una seria intención de abordar la reforma integral. (O)