Antes de empezar con unas observaciones al propósito gubernamental de convocar a una Asamblea Constitucional, creo necesario referirme a unas peligrosas declaraciones del presidente de la República en su visita al primer ministro de Israel, señor Benjamín Netanyahu, que exceden las reglas de la mera cortesía y convierten al Ecuador en enemigo de países con los que no tenemos ningún motivo de enemistad, y, más grave todavía, en enemigos de organizaciones terroristas. Habría declarado el presidente ecuatoriano, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que “Ecuador e Israel tienen los mismos enemigos”.
Un Estado declara su enemistad con otros porque ha recibido ofensas graves de alguno de ellos que han atentado contra su existencia o sus altos intereses, no por las ofensas que pueda recibir un tercero. Nada tenemos que ver con las guerras del Medio Oriente, que se han acentuado en estos mismos días. Como bien se ha dicho, los Estados no tienen enemigos, tienen intereses. Es de desear que se trate de una mala interpretación de las palabras del presidente, y la Cancillería deberá explicarlo. Con lo que ocurre en Palestina, Líbano, Irán, hay que caminar con mucho cuidado.
Por las declaraciones de sus funcionarios, parece evidente que la decisión del Gobierno es convocar a una consulta popular que le autorice a convocar a una Asamblea Constituyente, de acuerdo con el artículo 444 de la Constitución. Establece este artículo que la consulta inicial deberá incluir la forma de elección de las y los representantes y las reglas del proceso electoral. Algo han mencionado sobre la forma de elegir, incluida una fórmula mixta de composición entre representantes de elección popular y otros de elección indirecta por instituciones y gremios; esto último crea preocupación. Se diría que el Gobierno no ha preparado, todavía, un plan completo.
La Asamblea de 1945 estuvo integrada por diputados de elección popular y, otros, por diversas entidades culturales, gremiales, y por eso se extendió en declaraciones dogmáticas y estableció un sistema unicameral, por lo que su duración fue efímera y fue reemplazada por la de 1946 que, orgánicamente, es la que mejor organizó el Estado, con un sistema bicameral.
Si esa fuera tomada como base de discusión, se ganaría mucho y habría que trabajar en la parte dogmática para adaptarla a las nuevas corrientes de pensamiento, a la legislación internacional de derechos, humanos, etc.
Partir de la base de la actual Constitución, la de Montecristi, para reformarla, sería cuento de nunca acabar. Se podría derogarla mediante plebiscito, que es la forma en la que fue aprobada.
El Gobierno debería, mediante una Comisión de Juristas, preparar un proyecto que contenga su propósito al proponer una Asamblea Constituyente, lo que no se conoce en absoluto.
La ciudadanía está a la espera del Estatuto que proponga la forma de elección de los legisladores constituyente para emitir su criterio.
La mayoría deberían ser de elección popular para que la aceptación no sea efímera, sea de larga duración, ojalá permanente. (O)
