Con el fin explícito de viabilizar el diálogo, el Gobierno permitió que en la mañana del jueves se levante el cerco policial de la Casa de la Cultura y se permita la entrada de las organizaciones indígenas. Con ello, el Gobierno cedió un espacio que, desde octubre de 2019, tiene gran peso simbólico y que constituye un punto estratégico para la conducción de las manifestaciones. Se puede suponer que esa decisión se basó en una interpretación de lo que sucedió el día anterior, cuando los manifestantes respetaron el acuerdo de realizar una marcha pacífica –resguardada por la policía– hasta el centro histórico de Quito. Al parecer, se la tomó como una señal de la voluntad de los dirigentes indígenas para llegar a acuerdos. Pero, no fueron necesarios más que unos minutos para ver cómo ese espacio se transformaba en el cuartel general desde el que se originaron nuevos actos de violencia.

La probabilidad de que se abra el camino del diálogo es mínima y depende de los dirigentes del paro.

Dos explicaciones se barajaron al respecto. La primera atribuía el hecho a un exceso de confianza e incluso de ingenuidad del círculo gubernamental, que habría hipotecado la solución del problema a la palabra y la voluntad del presidente de la Conaie. Este habría dado ciertas pistas en ese sentido a las organizaciones que buscaron intermediar. Sin embargo, una vez que arribó a la CCE, se fue para atrás y reiteró el cumplimiento de los diez puntos como condición inamovible para la desactivación de las protestas. Por consiguiente habría engañado a quienes quisieron escucharle para obtener un triunfo simbólico que fortalecería su liderazgo.

La otra explicación apuntaba a las discrepancias existentes en las filas de los manifestantes. Según esta, Iza habría sentido que estaba perdiendo el control de las manifestaciones por el avance de grupos violentos y estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con el Gobierno. Pero, la capacidad de acción de esos grupos habría impedido que se instalara la reunión en que se debían definir los términos para el diálogo. A Iza no le habría quedado otra opción que plegar a esa posición.

Las dos explicaciones coinciden en el avance de la violencia en las protestas. Asimismo, concuerdan en la adscripción de Iza a esa línea, ya sea por voluntad propia o por presión de sus bases. En definitiva dan cuenta de una situación que pone al país al borde del caos. La probabilidad de que se abra el camino del diálogo es mínima y depende totalmente de los dirigentes del paro. La responsabilidad recae exclusivamente sobre ellos.

Mientras tanto el correísmo impulsa la destitución del presidente. Convencidos de que triunfarán en las elecciones anticipadas, no consideran que esa medida no resuelve el problema del paro. Es una apuesta arriesgada, porque cierra cualquier posibilidad de entendimiento entre las organizaciones sociales y el Gobierno (el actual o el del vicepresidente que asumiría en caso de destitución y que sin duda sería aún más débil). Olvidan además que en cualquier momento el presidente de la República podría adelantarse y disolver la Asamblea, lo que le daría un margen de acción que ahora no tiene y con ello podría cambiar la correlación de fuerzas. En síntesis, el país vuelve a situarse al filo del abismo por la irresponsabilidad del un lado y la ingenuidad del otro. (O)