A muchos de nosotros nos ha pasado que hemos recibido algún tipo de sanción, infracción o resolución que contradice la norma y, en especial, la lógica. Sin embargo, nos toca leer unas cuantas páginas de motivación sin sentido por parte de los funcionarios públicos, por la simple razón que la decisión se tomó a su discreción.
Lo preocupante de esos casos no es solo el uso de su lógica antagónica sin transparencia, ética o moral, sino que lo más preocupante es todo el poder que tiene su pluma para condenar o juzgar a los ciudadanos.
Como ciudadana y profesional recae sobre mí una pesada carga de transparencia y necesidad de escribir lo que muchos coterráneos sufren día a día por la discrecionalidad de nuestros funcionarios públicos: puede ser desde una simple multa de tránsito hasta una sanción administrativa que puede destruir empresas completas.
Es momento de activar nuestro desagrado y preocupación, como ciudadanos, ante ese manojo de poder que les permite a los funcionarios públicos, a su antojo, indicar el cauce de nuestras acciones.
Necesitamos tener funcionarios preparados, coherentes y respetuosos de las normas vigentes, tanto nacionales como supranacionales, pero que actúen con base en la justicia, no en virtud de decisiones políticas o necesidades estatales.
Es momento de que la seguridad jurídica no sea una utopía por parte de las instituciones públicas, sino que sea un bien común entre todos. Que la seguridad jurídica no se brinde para unos que pueden costearla y sea un sueño inalcanzable para otros que solo pueden olerla, pero no tenerla.
Exigimos a las autoridades a que tengan el control sobre la pluma de sus colaboradores para que no se emitan actos administrativos perjudiciales contra ciudadanos.
No es justo que, por el poder que les confiere la ley, se abuse de manera arbitraria y los ciudadanos tengan que estar inmersos en procesos legales, que no solo son largos y tediosos, sino que resultan costosos y desgastantes para cualquier persona que se vea involucrada.
Es momento de un cambio positivo en nuestras instituciones públicas. Es momento de que la institucionalidad no se vea coartada por las autoridades de turno y que la discrecionalidad tome impulso para seguir perjudicando. Es momento de tener autoridades que respeten y hagan respetar la ley, así todos sus colaboradores acatarían una posición de justicia y no de discrecionalidad.
Los candidatos a la Presidencia hablan de atracción de inversiones, generación de empleo y justicia, pero con una institucionalidad debilitada, discrecionalidad por los cielos e inseguridad jurídica, existen pocas probabilidades de que Ecuador se convierta en un mercado atractivo para los inversionistas.
Tener las reglas del juego claras antes de iniciar cualquier inversión es primordial y vital para la ejecución de un proyecto.
Señores candidatos, por favor, entiendan que la institucionalidad es importante y necesaria. Es momento de que muera la discrecionalidad y la seguridad jurídica sea un aliciente para todos, es la única manera de hacer patria, señores. (O)
