Los servicios financieros digitales (SFD) se usaron sin precedentes como consecuencia de la pandemia del COVID-19, pues las circunstancias obligaron a que las instituciones financieras internacionales (IFI) oferten productos y servicios a consumidores desatendidos usando plataformas digitales (dispositivos móviles e internet), buscando implementar soluciones financieras convenientes, accesibles y seguras, como billeteras, plataformas de pago, préstamos, ahorros, seguros e inversiones digitales.
Global Findex 2024 (datos publicados en julio 2025) indica que los “pagos digitales” crecieron de manera significativa, impulsando la vida financiera de las personas, a nivel mundial cerca de un tercio de adultos los usaron por primera vez. En Ecuador, la recepción/envío de pagos digitales ha alcanzado el 43 % al 2024, siendo menor en cuatro puntos porcentuales (PP) al porcentaje obtenido en la medición del 2021 y 16 PP debajo del promedio de América Latina y el Caribe. “Los teléfonos móviles e internet están revolucionando la inclusión financiera, permitiendo que más personas accedan y utilicen servicios financieros digitales para gestionar sus vidas financieras”; sin embargo, en Ecuador la “posesión de un teléfono celular” ha alcanzado el 88 % en 2024, siendo menor en un punto porcentual al porcentaje obtenido en 2021, ubicándose un PP debajo del promedio de LAC y bastante por debajo de Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, quienes superan el 90 %.
Es necesario cerrar la brecha en esta tarea pendiente, priorizar el fortalecimiento de la infraestructura digital, ampliar la conectividad e interoperabilidad, facilitar todo tipo de pago y transacción digital en zonas rurales y suburbanas, reducir costos, tiempo y el uso del efectivo. Será necesario también mejorar el marco normativo de control y gestión de riesgos de las IFI, en línea de la Resolución n.° JPRM-2024-029-M, la cual promueve la participación de infraestructuras de pago, exigiéndoles operar en tiempo real.
Para afrontar la nueva tipología de riesgos digitales y tecnológicos, y mantener en el centro a la protección del consumidor financiero se debe continuar en la adecuación hacia la norma de la Unión Europea ‘DORA’: a) riesgos de protección datos y privacidad; b) dotar de información apropiada al usuario financiero, pues los innovados canales digitales podrían plantearle problemas de comprensión por formatos deficientes; c) fortalecer la fiabilidad y vulnerabilidad de las plataformas tecnológicas ante amenazas externas; d) robustecer los controles internos para garantizar el funcionamiento continuo, seguro y procesamiento transaccional.
Se debe generar un entorno propicio para el desarrollo de los SFD (esfuerzo público-privado), adecuando la educación financiera y los procesos de protección al usuario financiero para que generen confianza, ante la oferta de nuevos productos y servicios, frente a la ampliación de la cobertura geográfica y homogénea con puntos de atención de menor costo, vía geolocalización, incorporando en el ecosistema financiero a las Fintech (empresas agregadores de pagos). Logrando el bienestar financiero de las personas y sus familias. (O)
