Dentro del drama del desempleo, de la falta de crecimiento del país, de la mala distribución del ingreso, dos de los factores más críticos han sido el del salario mínimo vital y la legislación laboral. Estos dos factores han contribuido en forma determinante a que el Ecuador no atraiga inversión extranjera intensiva en mano de obra, es decir, la que genera empleo masivo.

El salario mínimo en el Ecuador, adornado con décimo tercero y décimo cuarto sueldo, hace que de entrada el costo del trabajador ecuatoriano sea de los tres más altos de la América Latina; comparable a los de Uruguay y Chile, países ambos con un PIB per cápita varias veces superior al nuestro.

Pero cuando a esto sumamos la legislación laboral que otorga el 15 % de participación en las utilidades de la empresa a favor de los trabajadores, que impone una jubilación patronal onerosísima cuando el trabajador cumple más de 20 años de servicio en la empresa y que establece unos costos punitivos por despido de un trabajador, aunque la empresa tenga que hacer ajustes para sobrevivir y precautelar el empleo de los demás, entonces ya el costo laboral del Ecuador pasa a ser indiscutiblemente el más alto de la región.

¿Quién entonces en su sano juicio invertiría en el país? Por ello, jamás vino la maquila, jamás se instalaron empresas para aprovechar la gran habilidad manual y artesanal de los ecuatorianos.

Cuando se habla de “justicia para los trabajadores” con un lenguaje confuso e incorrecto, no se habla de la tremenda injusticia para la inmensa mayoría que no tiene un trabajo formal. Esos, que no gozan de ninguna protección, son las víctimas de la legislación existente y de la política salarial existente, que las vuelve regresivas, totalmente excluyentes, y que han marginado por décadas a esos millones de ecuatorianos que sueñan con un trabajo digno y con un mínimo de protección.

El Ejecutivo tiene ahora la oportunidad de “amarrarse los pantalones” y determinar que no se puede continuar con ajustes de los salarios mínimos en forma populista y demagógica.

De otra parte, el Legislativo tiene la oportunidad de mostrar que el acuerdo que dio lugar al nombramiento de autoridades de la Asamblea y reparto de comisiones no es una “vacuna” para darle “gobernabilidad” al presidente, sino que es una puerta abierta para enfrentar los graves problemas que tiene el Ecuador, entre los cuales el empleo y la mejora de la distribución del ingreso son tan importantes.

Si durante décadas el país ha tenido estas equivocadas políticas salariales y esta legislación laboral, si durante décadas ha regalado subsidios infames, y la pobreza no ha disminuido, ¿no es entonces necio y torpe seguir buscando que las cosas mejoren manteniendo esquemas absolutamente desgastados y probadamente equivocados?

Ejecutivo y Legislativo tienen la primera oportunidad para darle esperanza al país cambiando estas cosas. Si no lo hacen, estamos ante un esquema político absolutamente tradicional, nada nuevo, ningún cambio, y la seguridad más bien de que las cosas seguirán mal y el país sin esperanza. (O)