La respuesta negativa de la ciudadanía a la consulta formulada por el presidente de la República sobre una convocatoria a reunir una asamblea constituyente (pregunta D de la consulta popular) y a tres preguntas sobre aprobación de reformas constitucionales (acerca de la instalación de bases militares internacionales, los fondos de los partidos políticos y la reducción del número de asambleístas) parecería el comienzo de una nueva etapa política que nadie planeó ni previó. Se diría que es la respuesta de un pueblo agobiado, profundamente descontento por lo que está viviendo. A lo largo de los siglos, los pueblos intuyeron que, si los gobernantes les consultaban alguna cosa, era por conveniencia de sus intereses, no por atender a sus reclamos o aspiraciones. En un famoso y trascendental hecho de la historia universal, en Francia, el rey Luis XVI convocó a la reunión de los Estados Generales para que solucionaran el pavoroso déficit fiscal, pero estos, impulsados por la naciente burguesía y partes de la nobleza y el clero, se transformaron en poder constituyente, depusieron al rey y lo condujeron al patíbulo junto con su esposa, la reina María Antonieta.
Parecería que el pueblo ha despertado, ha emitido un vigoroso NO y ha puesto al Gobierno a resolver una complicada situación cuando ha perdido la confianza nacional. Tendría que buscar el apoyo de más amplios sectores políticos, ahora limitados a sus amigos del sector empresarial. Lo que en el pasado ya lejano se solía solucionar con una crisis de Gabinete y la conformación de uno nuevo de concentración nacional, hoy es casi imposible, porque el país se encuentra dividido, como una naranja, en dos partidos de fuerzas equivalentes: uno, el del Gobierno, y, al frente,
el de oposición. La posibilidad de un entendimiento entre ellos luce remota. La designación de personas sin trascendencia política no fortificará mucho al Gobierno. Pero tan importante como la necesidad de ampliar el círculo político es rectificar, evitar esas medidas parche o poco meditadas, que más bien han producido una reacción negativa de la ciudadanía: la de pretender transferir los servicios de salud del seguro social al Ministerio de Salud Pública o adelantar el pago del decimotercer sueldo; ese sueldo fue instituido hace cerca de 70 años por el expresidente Carlos Julio Arosemena Monroy para aliviar los gastos de la Navidad, no de estas celebraciones copiadas del país del norte.
El pueblo ha rechazado, con otro de sus NO, el autorizar la instalación de bases militares o de seguridad en nuestro territorio. Ha vuelto a despertar el espíritu nacionalista. Es interesante anotar que el NO ha sido categórico en los territorios supuestamente previstos para esas instalaciones extranjeras que tan malos recuerdos dejaron, luego que fueron utilizadas por fuerzas norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial, en Salinas y en las Galápagos. En Manta, también fueron rechazadas. Se obró con algo de precipitación al ofrecer estas facilidades, antes del pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. Recordemos las luchas en defensa de las doscientas millas de nuestro mar territorial.
El pueblo ha hablado y hay que respetar su voluntad. (O)
