Todo parece indicar que el año que está por terminar lo hará bañado por el escándalo del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), y que el nuevo año comenzará envuelto con lo mismo. Algo innecesario, ciertamente. El país, tan agobiado por decenas de problemas, no se merecía ni se merece este tipo de suerte. Este escándalo, no debe olvidarse, no es obra de la oposición, ni de la prensa, ni de algún agitador o activista, como tampoco es el producto de alguna conspiración siniestra. Este problema lo ha creado fundamentalmente el propio Sr. Godoy, así como los actores políticos que lo encaramaron a tan alta dignidad. La mejor, y quizás la única, manera de desbrozar los nubarrones que se avecinan sería la renuncia del Sr. Godoy de su cargo. Cada día que pasa sin que ello suceda tiene un efecto político devastador. Y más importante: su permanencia en el cargo hace que crezca más aún la desconfianza de la ciudadanía y mande una señal torcida a los jueces.
Lo peor que le puede pasar al país es que no haya el anunciado juicio político al presidente del CNJ, o que habiéndolo no se lo censure y remueva del cargo. Y que, como consecuencia, el funcionario siga nomás como si nada ejerciendo tan alta dignidad. Este escenario es el peor. Como ya se ha dicho, este problema se lo veía venir. En su momento hubo muchas voces –la mayoría de ellas de personas no asociadas con partidos o movimiento político alguno– que cuestionaron su designación, y lo hicieron documentadamente. Pero se hizo caso omiso. El camino que se siguió para finalmente designarlo fue tortuoso y nada transparente. ¿Qué beneficios se obtendrán ahora luchando a capa y espada para mantener a este personaje en el cargo? Ninguno. ¿No tenemos ya suficientes problemas?
Nadie ha cuestionado el hecho de que el Sr. Godoy y sus asociados hayan sido y sean defensores de narcotraficantes. Ese no es el punto. Como toda persona, los acusados de narcotráfico, corrupción, crimen organizado y similares delitos tienen derecho a ser defendidos. El problema es que quienes han escogido ese camino no pueden a la vez acceder a una función pública que busca precisamente hacer frente y vencer a semejantes crímenes y lacras. Ello es una elemental norma de ética. No se trata de no haber cometido delito alguno. Es obvio que a la función pública no deben acceder quienes delincan. Eso es algo universalmente aceptado, y es lo mínimo que debemos esperar. Lo que el país pide no es que cumplan con lo mínimo, sino que tengan credenciales mucho más altas; es decir, que sean personas que gocen de una probidad notoria. Que hayan demostrado durante su vida algo más importante: integridad moral, conocimiento y estar libre de conflicto de intereses. Es lo que el país exige.
Cuando un grupo de ciudadanos impulsamos en los años 90 la creación del Consejo Nacional de la Judicatura jamás nos imaginamos que con el tiempo esa institución se convertiría en lo que es hoy. Pero seamos consciente de que el problema no es de nombres. Lo del Sr. Godoy es apenas un pálido reflejo de la crisis estructural del sistema judicial, hoy agravada por el narcotráfico. Probablemente solo una comisión internacional de expertos podría sacarnos de este pantano. ¿Habrá la decisión de hacerlo? (O)
