El enfrentamiento entre el derecho a la soberanía y la libre determinación de los pueblos, contra la justicia y la responsabilidad de proteger y defender los derechos humanos de su pueblo, es el dilema moral de Venezuela.
El 3 de enero del nuevo año amaneció con una noticia que, quien fungía como presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, junto con su cónyuge, Cilia Flores, había sido detenido en un operativo relámpago ejecutado por fuerzas especiales de los Estados Unidos y trasladado a ese país para responder por delitos vinculados al terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y delincuencia organizada transnacional.
La sola difusión de este hecho activó de inmediato una reacción en cadena. Gobiernos, cancillerías y organismos internacionales quedaron atrapados entre el estupor y la cautela. Como suele ocurrir, los Estados de orientación progresista condenaron la operación calificándola de invasión, violación de la soberanía venezolana y transgresión de principios del derecho internacional, como la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en asuntos internos. Las exigencias de liberación inmediata no tardaron en llegar. En la orilla opuesta, países con sistemas democráticos consolidados, defensores del liberalismo político y económico, celebraron que finalmente alguien hubiese asumido el costo político y jurídico de enfrentar a un régimen acusado durante años de someter a su población, vaciar las instituciones y convertir al Estado en una plataforma del crimen organizado. Para estos gobiernos, Maduro no era solo un jefe de Estado, sino el líder y rostro visible de una estructura denominada internacionalmente como el cartel de los Soles.
Así, se reactivó una de las discusiones más complejas del derecho contemporáneo: ¿qué prevalece cuando un Estado se convierte en verdugo de su propio pueblo? ¿La soberanía como principio absoluto o los derechos humanos como límite infranqueable? La tensión entre lo legal y lo legítimo, entre el derecho positivo y la justicia material, vuelve a ocupar el centro del debate.
La comunidad internacional se enfrenta entonces a su dilema recurrente: el silencio cómplice frente a violaciones sistemáticas de derechos humanos o la asunción de una responsabilidad colectiva para proteger a un pueblo en estado de necesidad. No es un debate nuevo, pero sí uno que cada crisis vuelve más urgente.
En este contexto emerge el principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P), concebido para evitar que el mundo vuelva a mirar hacia otro lado ante crímenes atroces como el genocidio, los crímenes de guerra o de lesa humanidad. Nacido tras los fracasos de Ruanda y la antigua Yugoslavia, este principio cuestiona la soberanía cuando esta se utiliza como escudo para la barbarie.
Mucho antes, desde América Latina, la doctrina Roldós ya había planteado una idea incómoda para su tiempo: que la defensa de los derechos humanos constituye un principio supranacional capaz de justificar acciones conjuntas, incluso frente a gobiernos que invocan la no intervención, libre determinación y la soberanía. Venezuela vuelve a poner esa tesis sobre la mesa. (Continúa) (O)
