El pasado 15 de junio se suscribió en Ecuador el llamado Pacto por la discapacidad para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Es motivador que el tema preocupe a las autoridades en medio de las dificultades que representa conseguir una plaza de trabajo.
Desde el 2009, según el Código del Trabajo, los empleadores públicos o privados que cuentan con más de 25 trabajadores en su nómina deben incluir al menos al 4 % de personas con discapacidad.
La normativa lo establece como una obligación, pero debe reconocerse, además, como un derecho, igual que el de cualquier ciudadano.
El principio de no discriminación está vigente en Ecuador. Es deber del Gobierno central impulsar los espacios laborales inclusivos.
En la página web del Ministerio del Trabajo se destacan datos del Registro Nacional de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública actualizados a abril de 2023, según los cuales hay 543.045 personas calificadas con discapacidad en el país. Sería oportuno saber cuántas de ellas cuentan con un empleo formal.
El Pacto por la discapacidad fue firmado por el Ministerio del Trabajo y Fundación Codespa, ONG de Cooperación al Desarrollo con presencia en países de Iberoamérica, África y Asia. Todo esfuerzo por la inclusión merece el aplauso ciudadano, pero para que se evidencien resultados los propios organismos deben dar seguimiento a políticas públicas vigentes e impulsar nuevas que permitan una real ocupación de espacios laborales, sin evasivas y sin abusos.
Es gratificante que personas con discapacidad que luchan por la inclusión, desde su educación, alcancen las metas de profesionalización y posteriormente el ejercicio laboral.
Corresponde al actual Gobierno y a los candidatos que buscan la Presidencia el 20 de agosto preocuparse por el incremento de plazas de empleo para todos los ecuatorianos, que desean unir sus esfuerzos por el desarrollo del país y la inclusión. (O)