Organizando material, decidí escribir sobre dos entidades universitarias con aniversarios en los últimos días de octubre: la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), fundada el 29 de octubre de 1958, 64 años atrás; y la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE), cuya primera Asamblea Universitaria se realizó el 29 de octubre de 1998, veinticuatro años atrás.

Mi respeto a todas las universidades y politécnicas del Ecuador estatales que subsisten, después de que sus bienes, políticas y decisiones, en tiempos del correato, fueron arrasados, arrancándolos de las entidades y sus gobiernos, para “crear” sus propias universidades, por voluntad del ego gobernante en el país.

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En el caso de la Universidad de Guayaquil, de la que fui rector entre noviembre de 1994 y julio del 2004, a partir del 2007 se le llevaron sus rentas e inversiones. Le quitaron el Hospital Universitario, construido y equipado y con recursos para operarlo –cero glosa, en mi gestión- con fondos que fueron aportados por la empresa privada de Guayaquil. La quebraron y la intervinieron.

La Espol es de excelencia de calidad en la región, en que todos sus rectores -la actual, Cecilia Paredes Verduga, honra esa tradición- han significado mística y trabajo, así como iguales valores caracterizan a los que forman la comunidad politécnica. Fui parte de la docencia de postgrado, en el campus de la antigua Aduana, en sus inicios. Ahí nadie se atrevía a improvisar clases. Hoy está a la vanguardia en todos los espacios en que está presente.

... en los días que vivimos hay una multiplicación de antivalores, que deben evidenciarse para que no queden como llagas purulentas.

La UPSE fue un anhelo y un esfuerzo colectivo de los compatriotas de la Península, con el liderazgo de Jimmy Candel, que contó con el apoyo de la Universidad de Guayaquil, el año 1998, cuando yo era rector. Voluntad que se hizo realidad y constituyó el inicio de la UPSE.

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¿Y por qué la mención de contraste? Porque en los días que vivimos hay una multiplicación de antivalores, que deben evidenciarse para que no queden como llagas purulentas.

La información del último viernes 28 de octubre sobre la cadete de la Escuela Superior de la Policía Nacional que denuncia que le obligaron -un coronel y un capitán en servicio activo– a asumir una versión forjada sobre el asesinato de la cónyuge de un oficial de la Policía Nacional, se suma a las sospechas de ilícitos e indisciplina en dicha Escuela Superior de la Policía Nacional, que ya no serían culposos, sino dolosos.

La denuncia de que 228 toneladas de rocas con oro y otros minerales habrían desaparecido de bodegas del Estado –aproximadamente 703 onzas de oro, en el caso de este mineral, valoradas en $ 1,3 millones- que se habrían sustituido con ripio en sacos, puede alimentar el rumor de que algo parecido podría suceder con la droga incautada. Quizás se calumnia que se incautan droga y otros materiales prohibidos de comercializar, pero casi siempre se “escapan” los que los trasladan.

El Gobierno, a más de lo que es competencia de la Fiscalía y la Contraloría, no debe quedar mudo sobre los hechos que señalo –y otros similares– porque eso sería forma inadmisible de encubrimiento. El Gobierno es el responsable político del Estado. (O)