Una ineficiente y no transparente atención en salud puede llegar a ser no solo mayor afectación a la salud de los pacientes, que es lo más grave, por precipitar su deterioro, con el riesgo de agravamiento, invalidez y aun muerte. En lo penal, hasta podría considerarse que se estaría ante delitos culposos de lesiones u homicidio no intencional.
Además, está lo económico. Siendo que la inflación global en el Ecuador se viene moviendo por debajo del dos por ciento anual –en meses intermedios, hasta menos–, la tasa de crecimiento de costos en salud se mueve entre el 12 y el 15 por ciento anual, o sea, por seis a siete veces los índices globales de precios.
En algunos países se mantiene en porcentajes similares a los de otros precios, y en otros está por debajo.
¿Por qué la diferencia? En parte porque no siempre a la calidad de la salud se le da prioridad, porque hay corrupción y sobreprecios, además falta transparencia, se publicitan hechos y cifras que no son ciertos o se ocultan deficiencias.
Bien que el Gobierno disponga la intervención de sus propias unidades médicas, en cuanto a la gestión administrativa, técnica y sanitaria, como en este mes de marzo lo está haciendo en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que pertenece al IESS, y en agosto del 2025 lo hizo con el Hospital Universitario de Guayaquil y con los hospitales Monte Sinaí y Guasmo Sur, entregándoselos a la Fuerza Naval que tiene un buen hospital en Guayaquil, siendo que en el caso del Hospital Universitario, la intervención se dio tras la muerte de doce neonatos y en medio de una aguda crisis sanitaria. El capitán de navío y médico nefrólogo Marco Zambrano Agama fue designado gerente del Hospital Universitario. ¿Se dieron los correctivos que se requerían?, quizás sí, pero en febrero aparecieron casos afectados por la bacteria serratia marcescens, bacteria que suele aparecer en entornos hospitalarios y puede causar infecciones graves en pacientes con sistemas inmunitarios deficitarios, se da por mala praxis o por deficiente prevención o entorno, que debe investigarse, no negarse ni encubrirse.
Sea con intervención o por propia administración, se requieren correctivos, con auditoría oportuna y transparencia, no ocultamiento.
En el extremo opuesto hay unidades eficientes a las que el Estado puede direccionar derivaciones, con protocolos y tarifarios preestablecidos, que deben ser oportunamente auditados. Hay sistemas que son modelos, como es el caso de Solca, con prestigio regional, y lo ha sido el de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Ahí están las unidades médicas de las Fuerzas Armadas, no conozco los de la Policía Nacional. Y habrá unidades de salud de corporaciones y fundaciones y de inversión privada, todos susceptibles de auditar.
No todo es dinero. Parte de las deficiencias son operativas. Y debe haber sanciones para los que no reporten falencias, de mantenimiento de equipos, para su operatividad, y de insumos, o novedades operativas, falta de higiene u otras, con sanción más grave para los que prohíban informar o denunciar.
Los gastos médicos suelen ser elevados, el valor total de equipamientos, operatividad y medicamentos en el mundo solo es superado por los derroches belicistas. (O)
