Uno de los objetivos esenciales establecidos dentro de la Agenda 2030 para alcanzar el desarrollo sostenible es el garantizar a toda la población una ‘educación inclusiva, equitativa y de calidad’, a propósito de crear condiciones que apuntalen la llamada movilidad socioeconómica ascendente que es una condición sine qua non a la hora de luchar efectivamente contra la pobreza. No obstante, una cosa fue lo aprobado en 2015 por los Estados miembros de Naciones Unidades en el propósito de corregir el rumbo de un mundo cada vez más convulsionado y errático y otra muy diferente las acciones que en la práctica implementan los Gobiernos a través de la llamada política pública.

Basta dar una mirada al presupuesto general del Estado (PGE) en lo que tiene que ver con el sector de educación para entender lo distante que está el Ecuador de alcanzar esa meta impuesta por la propia comunidad internacional. Verbigracia, lo asignado para el presente ejercicio económico llega a los $ 4.861 millones, de los cuales el 65,01 % se destina a egreso en personal y un escaso 2,35 % a obra pública. Valga recordar, en general, que el plan anual de inversiones apenas representa el 5,5 % del total del PGE.

No obstante, en lo que corresponde solo a amortizaciones de deuda pública, esta se sitúa en el 2022 en $ 4.717 millones, algo cercano al presupuesto orientado a educación o a lo asignado en conjunto tanto a salud y bienestar social. Para el periodo 2022-2026 se estima que el pago de deuda pública absorberá en promedio cada año el 25 % del PGE.

En esas condiciones, con una deuda externa e interna asfixiantes y un atrofiado sentido de las prioridades del gasto por parte de los Gobiernos que miran con indiferencia y desinterés las demandas y necesidades de atención del sector social, lamentablemente deja al cuarto objetivo de la Agenda 2030 como una simple aspiración o declaración de buenos propósitos que sirve eso sí de insumo para elaborar edulcorados discursos de los que se apropia una privilegiada burocracia para utilizarlos en los frecuentes viajes y encuentros de alto nivel.

Hay que tener claro que sin educación o salud no es posible alcanzar el desarrollo. No solo se trata de un derecho humano fundamental sino también cumple un papel esencial a la hora de brindar oportunidades a todos, indistintamente del estrato social o económico del que se provenga. De ahí la importancia de promover y sostener –mediante un adecuado financiamiento– una educación pública de calidad.

Esto último es clave para confrontar incluso esquemas que convierten a la escuela (lo que incluye a todos sus niveles) en un instrumento para la reproducción de las condiciones sociales dominantes. Ya lo advirtió Pierre Bourdieu al explicar la diferenciación de las clases sociales no solo desde el ámbito de las relaciones de producción sino también por el consumo de bienes y la carga simbólica que esto último conlleva. Así, opera una distinción entre personas por el tipo de escuela a la que asiste, barrios amurallados en los que vive, modos de hablar, sitios que se frecuenta, etc. (O)