Dos escándalos sobre recursos públicos ocupan hoy el escenario nacional. Por un lado, está el llamado caso Progen, donde las autoridades que firmaron el contrato respectivo no han explicado al país cómo así se obligaron a entregar al contratista más de $ 100 millones sin pedir la garantía de buen uso de esos fondos, como manda la ley y ha sido práctica común en el sector público.
El otro caso es más grave aún. Se trata de la planta hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que produce nada menos que el 30 % de la demanda eléctrica del país y donde las pérdidas suman varios millones de dólares, producto de sobreprecios, y de su mala construcción. En este caso, al menos el Gobierno ha logrado aminorar las pérdidas con una transacción que, en términos generales, es un acuerdo razonable. No olvidemos que esta fue una de las obras emblemáticas de la corrupción correísta.
Pero más allá de las denuncias de estos casos hay un factor que no debe pasar desapercibido. Ambos casos se producen dentro del sector eléctrico. Ambos escándalos tienen en común el que se han gestado en el seno de un sector de la economía en la que el Estado monopoliza sus tres segmentos esenciales: generación, transmisión y distribución. En ambos casos el Estado asumió los riesgos de la inversión, financiamiento y gestión de las obras, aparte de ser regulador de las operaciones; es decir, es juez y parte. Incluso en el caso de Coca Codo, esos riesgos estuvieron siempre presente a pesar del maquillaje de contratación entre entes públicos.
Pero si movemos nuestra mirada a lo que sucede en otro sector de la economía, como es el caso de las telecomunicaciones, sector que, desde la ortodoxia de Montecristi, es también “estratégico”, observamos una situación diferente. Hoy las telecomunicaciones, concretamente la comunicación inalámbrica, que es la que domina el mercado, están en manos de dos empresas privadas que operan bajo concesiones. Son ellas las que asumen los riesgos de la inversión, financiamiento y gestión, mientras que el Estado se concentra en regular la prestación del servicio, sin asumir esos riesgos. A ningún gobierno se le ha ocurrido, ni creo que se le ocurrirá, asumir ese servicio público para prestarlo a través de la respectiva empresa estatal, que hoy está relegada a un papel secundario. Sería suicidio político, como quitar la dolarización.
Durante las décadas en que ese servicio viene funcionando mediante concesiones, el Estado no ha puesto en riesgo fondos públicos ni han explotado escándalos de corrupción, como lo sucedido en el sector eléctrico. A ese ejemplo pueden sumarse otros. La provisión de agua potable para Guayaquil está en manos de una concesionaria privada que asume los citados riesgos. Igual cosa sucede con los puertos marítimos privados o con los dos aeropuertos principales.
El país debe obviamente exigir sanciones en los casos eléctricos citados. Pero en paralelo exigir cambios radicales en el sector eléctrico. Colombia, Chile y Perú lo hicieron hace décadas. El Ecuador no puede seguir apostándole a un modelo eléctrico fracasado, proclive a la corrupción e ineficiencia. Este es el gran desafío que tiene por delante no solo el actual Gobierno, sino todo el país. (O)