Cuando pensamos en la justicia, con frecuencia pensamos en su ausencia. En trámites interminables, procedimientos engorrosos, influencias indebidas y recursos utilizados para defender, a veces, lo indefendible. Y también pensamos que la justicia no es para todos, sino para quienes cuentan con dinero, contactos o poder. No nos alegra, nos enoja. Por eso resulta esperanzador descubrir propuestas que contradicen esa percepción y muestran que el Estado puede acercarse a las personas de manera concreta y eficaz, cuando las instituciones funcionan.
La Defensoría Pública del Ecuador brinda defensa legal gratuita a quienes no cuentan con recursos para contratar un abogado. Si la Defensoría del Pueblo promueve y protege los derechos, la Defensa Pública hace posible que esos derechos puedan ejercerse efectivamente ante jueces y tribunales.
El pasado 28 de abril estuve en la cooperativa Juan Montalvo, en Guayaquil, donde el Dr. Ricardo Morales, defensor público general del Estado, inauguró la Ruta de los Derechos y las brigadas puerta a puerta, que entregan orientación legal sobre familia, niñez, adolescencia, inquilinato y dirigen a las personas que requieren patrocinio legal al punto más cercano de la defensoría pública. La iniciativa parte de una convicción sencilla y profunda: “La justicia debe estar donde está la gente, especialmente donde más se la necesita”.
La frase encierra una transformación de fondo. “Durante mucho tiempo la justicia fue concebida como un lugar al que había que llegar: un edificio, una oficina, una ventanilla. Sin embargo, esa lógica, que aparenta neutralidad, ha sido profundamente excluyente. La distancia entre las personas más vulnerables y la justicia no ha sido solo geográfica; ha sido, sobre todo, estructural”.
“Demasiado tiempo el acceso a la justicia estuvo condicionado por la distancia, la falta de recursos o el desconocimiento. En territorios complejos, esa realidad se traduce en exclusión y silencio”.
Lo que la Defensoría Pública del Ecuador propone es más que un servicio itinerante. “Esta propuesta es una respuesta ética frente al dolor social, una afirmación concreta de que la justicia no puede ser un privilegio, sino un derecho vivo, tangible, oportuno”.
“No hablamos de llegar; hablamos de permanecer, de profundizar, de transformar”. No basta instalar unidades móviles en parques o plazas. Las brigadas tocan puertas. No esperan la demanda: la anticipan.
La institución ya ha intervenido en diez provincias, veinticinco cantones y cincuenta y una parroquias. Pero detrás de cada cifra hay rostros e historias que confirman que la justicia solo tiene sentido cuando llega efectivamente a la gente.
Un defensor público, normalmente, asesora, acompaña y asume el patrocinio de cada caso. Informa, orienta y empodera. Presenta el rostro, tan necesitado, de un Estado que escucha y actúa.
La legitimidad de una institución no se decreta, no se proclama, no se escribe, se conquista, se construye. Y la justicia requiere cercanía, eficacia y resultados.
Cuando eso ocurre, la justicia deja de ser una promesa escrita en la ley y se convierte en una presencia concreta en la vida de las personas. Y entonces, por una vez, pensar en la justicia no es pensar en lo que falta, sino en lo que ya está comenzando a suceder. (O)
