Los niveles de violencia a los que ha llegado el Ecuador van más allá de la protesta o el derecho a la resistencia declarada por una parte del sector indígena, que ampara la Constitución vigente y que algún día esta Constitución tendrá que ser reemplazada por el camino legal.
Los legítimos reclamos por atención y mejores días han sido alterados por las ambiciones y el protagonismo de dirigentes que mantienen los discursos del siglo pasado y que en el fondo engañan a sus bases. ¿Dónde quedaron los nuevos cuadros y la renovación, con pensamiento crítico pero no anclados a las viejas prácticas y modelos de chantaje? Al contrario, han radicalizado posiciones y han asumido acciones violentas.
Más aún cuando hoy se ven divididos los dirigentes nacionales y los líderes de comunidades locales. Eso se ha evidenciado en Imbabura. Unos, los más radicales y amenazantes, buscan protagonismo e impulsan acciones violentas y pretenden repetir los hechos condenables de 2019 y 2022 como mecanismo para crear el caos.
Otros buscan reivindicaciones de las comunidades, la atención a las demandas insatisfechas y que se explican cuando el Estado no ha cumplido a cabalidad a través de los años.
Lastimosamente las actuaciones políticas de los dirigentes radicales nacionales han malogrado que las auténticas demandas sean atendidas y ese ha sido el saldo repetido luego de las movilizaciones.
Hay actores que han hecho de su vida un protagonismo político e incluso con aspiraciones electorales, que pueden ser legítimas pero no deben manipular a las bases de las comunidades y en nombre de ellas buscar una plataforma electoral.
Como está en marcha el proceso electoral para la consulta popular aprovechan para hacer campaña por el no, aunque tengan derecho para ello como actores políticos, pero no manipulando a sus bases con una acción de hecho que afecta a todos.
Cuando se pierde la paz y se atiza el fuego para la confrontación entre una minoría violenta y una mayoría inerme e indiferente, que deja hacer y pasar las cosas, el panorama se torna más complejo. Las intenciones parecieran claras: seguir con las movilizaciones para tratar de desgastar la consulta popular del 16 de noviembre y con ello buscar que las propuestas se debiliten y no se aprueben.
Hay reformas parciales a la Constitución importantes que de aprobarse facilitarán la ayuda militar extranjera en las bases militares ecuatorianas, terminaría el financiamiento del Estado a organizaciones políticas y reduciría de 151 a 73 los asambleístas.
Quizás el punto más importante constituye la pregunta para que se instale una nueva asamblea constituyente, que más allá de la complejidad del proceso y la incertidumbre que se abrirá, si se llega a aprobar, por quienes integren el organismo y luego el texto que vaya a salir, hay la necesidad de cambiar la actual porque le tiene bloqueado al país.
El vivir en medio de un conflicto armado interno, la lucha contra los grupos delincuenciales organizados transnacionales, el narcotráfico, la narcopolítica y la movilización indígena obliga a buscar una paz armada o una consulta popular bien resguardada. (O)
