En el Informe Latinobarómetro 2024, estudio con el que se revisa el estado de la democracia en la región, al referirse a los parlamentos, se tiene que apenas a un 24 % de la población en América Latina le despierta confianza esta institución, por lo que un 76 % tiene sus fundados recelos frente a su accionar. En el caso de Uruguay, con una democracia mucho más madura y estable, la confianza llega escasamente al 49 %, en tanto en el Ecuador, donde se vive un permanente sofisma democrático, la confianza en la Asamblea Nacional registra un paupérrimo 18 % de adhesiones, es decir, por diferencia, un 82 % de los ecuatorianos tienen sus razones para sospechar del trabajo que se produce en el interior del legislativo.
De ahí que los congresos en esta parte del mundo donde la desigualdad ha echado profundas raíces, en general, sean una clara expresión de la crisis que vive la democracia representativa, sistema político en el que, paradójicamente, los pueblos de esta polvorienta y sufrida América, como víctimas con síndrome de Estocolmo, en un 72 % tienen por demás claro que se ‘gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio’, en tanto un 24 %, bastante cándido, cree que ‘se gobierna para el bien de todo el pueblo’.
Precisamente, aprovechando este desprestigio acumulado que tienen los parlamentos, por segunda ocasión, se intenta preguntar a los ecuatorianos, luego que se supere el control de constitucionalidad, el reducir el número de asambleístas, enmendando el art. 118 de la carta fundamental. Con ello se pretende, según el oficialismo, pasar de 151 a 71 los legisladores, apelando en su justificación a una disminución de $ 4’568.640, en el pago de remuneraciones a los asambleístas, por año, considerando un sueldo mensual de $ 4.759.
Si bien es cierto que la optimización en el uso de los recursos públicos es una obligación de todo funcionario, pero con esos 4,5 millones de dólares como ahorro en el pago de remuneraciones (sin incluir otros rubros y gastos asociados a cada despacho de los legisladores), difícilmente se puede incidir significativamente para cubrir el déficit fiscal proyectado en $ 5.624,9 millones para el año 2025.
Entonces, si bien esta enmienda ahorraría algo en el pago de nómina, no obstante, se afecta, conforme está redactada la pregunta, la debida representatividad. El Gobierno, en su documento oficial anota que ‘...Lo que se plantea es una redistribución en la cantidad de escaños, sin que ello comprometa la representatividad territorial...’. No obstante, es evidente que las provincias más pequeñas reducirían la cantidad de sus representantes en mayor proporción frente a las más pobladas, consolidando esa visión centralista del Estado, al mantener adicionalmente intocada la figura de los asambleístas nacionales. Y si a eso se suma el haber retomado el método D’Hondt, para la asignación de escaños, que va en contra de las minorías, se camina al control político y a la acumulación de más poder.
El tema de fondo, por lo tanto, no se reduce a un asunto cuantitativo o presupuestario sino más bien a factores cualitativos y a saber dominar los impulsos monárquicos. (O)
