Diella es la nueva ministra de Obras Públicas de Albania. Se trata de una inteligencia artificial para la supervisión de obras públicas y marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción, pues se encargará de adjudicar las licitaciones públicas. Esta decisión del primer ministro albanés, Edi Rama, rediseña la gobernanza en busca erradicar sesgos y capturas ílicitas de beneficios en la contratación pública. Sin embargo, este modelo pionero debe ser complementado con la incorporación de herramientas tecnológicas que, contando con la incorruptibilidad de Diella, aseguren la integridad de los datos que recibe. Esto abre un debate crucial sobre cómo fortalecer estos sistemas para blindar no solo la decisión, sino todo el proceso que precede a la decisión de adjudicación.

Diella se enfoca en actuar como un auditor y tomador de decisiones. Su función principal es analizar la información de licitaciones que preparan los funcionarios y adjudicar los contratos, impidiendo el desembolso de fondos por trabajos no ejecutados al contrastar informes. En esta cooperación humanos – inteligencia artificial (IA), los humanos realizan el trabajo de campo y preparan los expedientes, mientras la IA garantiza la integridad del veredicto. El sistema es incorruptible en su decisión, pero sigue siendo vulnerable en la fase de entrada: no puede evitar que un funcionario diseñe términos de referencia (TdRs) “dirigidos” para favorecer a un proveedor o que infle un presupuesto referencial desde el inicio.

Para “inmunizar” el modelo contra estos riesgos, su rol debe expandirse más allá de la decisión de adjudicación, asegurándose de “sanear” la información de la que depende. El modelo mejorado, por tanto, debería fundamentarse en una desconfianza proactiva hacia los datos de entrada. En lugar de aceptar ciegamente un TdR, la IA debería generar un borrador neutral y optimizado, basándose en un vasto repositorio de proyectos históricos y precios de mercado. Este borrador de TdR debería someterse a una fase de “autocorrección del mercado” a través de una consulta pública, donde la propia industria y la ciudadanía ayuden a identificar y eliminar sesgos interactivamente. Con esta mejora, el funcionario pasa de ser un suministrador de información a un supervisor de interacciones y flujos de información con trazabilidad blockchain para cada registro o acto administrativo.

Que en Ecuador hagamos de las barreras legales que impiden nombrar una IA como ministra una oportunidad para transformar el modelo actual de contratación pública, adoptando directamente esta versión fortificada de plataforma tecnológica. Que esta no solo gestione las compras públicas, sino que genere TdRs base, ejecute consultas públicas para la participación de la sociedad en el autocontrol y optimización de datos de entrada y audite presupuestos en tiempo real.

Al hacerlo, Ecuador no estaría delegando decisiones a la IA; estaría adoptando un sistema que garantiza, desde su origen, que cada dólar público y cada acto administrativo estén blindados contra la discrecionalidad, la colusión y la captura ilícita de beneficios. (O)