Nuestro país vive una de las peores crisis de violencia y nuevas formas de engaño. Las llamadas de ‘vacunaciones’ vía telefónica efectuadas por grupos delictivos atentan a la integridad de las personas.
Las extorsiones telefónicas, comenzaron con mayor frecuencia en el 2001, los extorsionadores se identificaban como autoridades policiacas, agentes aduaneros, etc., para pedir dinero porque supuestamente un familiar estaba en la cárcel; tenía que pagar por su cuidado y para sus tratamientos médicos. Hoy es una llamada de intimidación a la víctima para realizar depósitos o transferencias bancarias a cambio de no agredirla ni a su familia. Este tipo de intimidaciones o acoso según el artículo 185 de la Constitución del Ecuador establece que la “persona que con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, obligue a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”. Las leyes no intimidan a los vándalos. Falta preparación a un sistema judicial que está divagando entre acciones que no favorecen a los ciudadanos que denuncian casos, pero no son tomados en cuenta aunque sustenten con pruebas, le indican que no son suficientes para seguir con el procedimiento. (O)
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Andrea Yuleisy Barrio Cuadrado, Guayaquil