Quito no aguanta más “gerentes de escritorio” ni alcaldes que gobiernan para la foto mientras la ciudad se deshace en baches, inseguridad y lodo. El anuncio del CNE de adelantar las elecciones a noviembre de 2026, bajo la sombra de un invierno que amenaza con ser implacable, no es solo un reto logístico; es el ultimátum definitivo para una estructura municipal que padece de obesidad mórbida.
El problema es diagnóstico y sentencia: tenemos una alcaldía hipercentralista donde sobran directivos y falta personal operativo. Mientras un “jefe” en el centro firma un papel, un vecino en Calderón o Quitumbe espera semanas para que limpien un sumidero. Esta ineficiencia no es accidental; es el resultado de un modelo agotado que convirtió a las administraciones zonales en simples ventanillas de quejas sin presupuesto ni capacidad de acción.
La solución no es una nueva promesa de campaña; es un mandato legal ignorado por conveniencia política. El artículo 241 de la Constitución y el 89 del Cootad facultan a Quito para organizarse mediante un estatuto autonómico. No hacerlo es una omisión que condena a la ciudad. Este estatuto es la herramienta jurídica para descentralizar el poder, la solidaridad territorial y la eficiencia operativa.
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La ciudadanía no quiere más jefes; quiere que sus impuestos se queden en su barrio. El próximo alcalde no debe ser quien prometa “arreglar Quito”, sino quien tenga la audacia de entregarle el poder a la gente a través de la descentralización.
Noviembre de 2026 será la fecha en la que Quito elija: o seguimos siendo un gigante paralizado por su propia grasa administrativa, o abrazamos el estatuto autonómico para que la solidaridad y la eficiencia dejen de ser eslóganes y se conviertan en obra pública. Quito no necesita un salvador; necesita un sistema que funcione. (O)
Carlos Bustamante Salvador, abogado criminalista y mediador, Quito
