Cada día que pasa el Ecuador incrementa los índices de inseguridad. Los noticiarios no dan abasto para cubrir todos los episodios que se registran.

La desatada inseguridad nacional es un asunto que debe analizarse a profundidad y no depositar solo la responsabilidad en la institución policial que, a pesar de los pesares de los últimos acontecimientos, hace lo que humana e institucionalmente puede y lo que la ley le permite. La seguridad nacional es un concepto social y político que requiere ser redefinido y reconceptualizado en función de lo que hasta ahora ha sucedido. Las estadísticas de robos, asaltos, homicidios, femicidios, sicariatos, atentados, narcotráfico, etc., publicadas por algunas empresas consultoras son tristemente alarmantes. Ecuador, según estas investigaciones, está en el tercer lugar en inseguridad en toda Latinoamérica, solo por debajo de Guatemala y Nicaragua. Colombia y Venezuela, altamente conflictivos, increíblemente acusan tasas de inseguridad inferiores. Estamos por completar las tres cuartas partes del año y ya se han provocado 24.500 robos, cifra cercana a la registrada en el año anterior. Desde enero del 2022 se han perpetrado más de 6.870 robos de autos, similar número al del 2021. Solo en Guayaquil se producen en promedio 110 homicidios intencionales por mes, y en esas estadísticas están jueces y fiscales que por miedo a ser asesinados, no quieren salir de sus casas. Ciertos jueces con ese argumento, dejan en libertad a quienes por ‘justicia’ deberían refundirlos en las cárceles; las amenazas de las que son víctimas les obligan a delinquir para ponerse ellos y sus familias a buen recaudo. Tarea esta para los asambleístas y el Gobierno, tema de debate para los candidatos. La Constitución merece ser revisada, la Asamblea debe trabajar en las leyes, (reformas) y el Gobierno ofrecer protección. (O)

Eugenio Morocho Quinteros, arquitecto, Azogues