La industria del agro en Ecuador requiere una nueva ley para crecer

Luego de más de dos décadas de su inicio, el Sistema de Riego Zapotillo, la promoción de la producción de biocombustibles en el Ecuador, vuelve al centro del debate. Por el impacto de la baja producción de crudo en el Oriente ecuatoriano y el precio alto de los combustibles importados, pudiéndose producir los biocombustibles con plantas típicas del bosque seco, como la higuerilla y el piñón, pero la discusión va más allá de lo fácil que es cultivar estas plantas para producción de biodiésel y su acción apunta a redefinir un marco legal obsoleto a uno actualizado que permita a la industria agrícola superar las tensiones que enfrenta para seguir desarrollándose y generar fuentes de trabajo en un país de altos índices de pobreza, desnutrición y carencia de fuentes de trabajo, que fomentan la permanente migración de los jóvenes a otros países, donde tienen la oportunidad laboral que de alguna manera favorece al país por las remesas mensuales que envían a sus familiares y generan más ingresos que la exportación del petróleo.

Por eso, es importante la ley de biocombustibles como agenda urgente del agro en la Asamblea Nacional del Ecuador. Este tema ni siquiera está en carpeta de los asambleístas, tampoco en los economistas del país ni en las universidades, que deberían contribuir a las discusiones y plantear ideas. Por eso, el desafío de los Gobiernos de turno y la academia debe ser repensar el equilibrio de la producción sostenible de biocombustibles, que es más barata que la industria petrolera, y con ello exista una regulación en el manejo ambiental y la sana competencia, mejorando la eficiencia energética y reducir costos de producción con los biocombustibles y mitigar los impactos ambientales que origina la industria petrolera, sin perder de vista los objetivos originales de la política de los biocombustibles. La clave es lograr un esquema más sostenible y alineado con las exigencias de competitividad y disciplina ambiental por un planeta verde para siempre.

Como antecedentes se conoce que los biocombustibles impulsan el cuidado del medioambiente, y su ejecución inmediata obligatoria debe ser creando un mercado competitivo por la ley y buscar alinear distintos objetivos y desafíos ambientales, productivos y energéticos.

En la práctica, cuando los biocombustibles son más sostenibles, el mercado no se restringe al volumen de producción de la materia prima, ilimitando el desarrollo de segmentos productivos de manera sostenible.

Bajo ese horizonte, estamos convencidos de que el sector productivo necesita, con urgencia, una legislación efectiva que lo modernice, que regule de manera inteligente la actividad bioeconómica y que genere un marco de competencia transparente y previsible. Estamos seguros de que sin reglas claras y estables no hay inversión, y sin inversión no hay crecimiento en el Ecuador. En ese marco, se podría confirmar que en los últimos años se perdió terreno frente a países de la región que avanzaron con “políticas consistentes”, como Brasil y Paraguay, que operan el transporte con más del 35 % movidos por los biocombustibles. Bajo ese horizonte, no es un problema de capacidad ni de recursos; es un problema de un marco regulatorio que impulse en Ecuador la producción de biocombustibles, especialmente el biodiésel.

Los biocombustibles no son solo una política energética; son una herramienta macroeconómica, productiva y ambiental. Permiten sustituir importaciones, generar empleo en todo el país y reducir emisiones contaminantes, todo al mismo tiempo. Vamos ahora sí por un mejor Ecuador sin contaminación petrolera. (O)

Freddy Rommel Coronel Álvarez, Zapotillo