Me permito remitir esta carta de opinión a propósito de un video difundido en TikTok y otras redes sociales sobre una situación ocurrida en el hospital de Los Ceibos, en la que una persona increpa, graba y expone públicamente a un médico acusándolo de haber negado el ingreso hospitalario de un paciente. No me corresponde juzgar ni la conducta individual de quien grabó ni la del profesional señalado, pues desconozco de manera completa los hechos concretos, el contexto clínico específico y los términos exactos de la interacción. Pero considero necesario reflexionar sobre un problema cada vez más frecuente: la sustitución del criterio médico por la presión mediática y social ejercida en redes.

Conviene recordar que el ingreso hospitalario no puede depender del volumen de una protesta, del impacto de un video viral ni de la capacidad de un familiar para movilizar la indignación pública. La hospitalización es una indicación médica, no una concesión obtenida por exposición digital. Cuando esa frontera se desdibuja, se pone en riesgo no solo la correcta utilización de los recursos sanitarios, sino también la justicia distributiva que debe regir en todo sistema de salud: una cama ocupada sin criterio es una cama que puede faltar a un paciente que la necesita.

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Esta realidad es especialmente dura en pacientes con enfermedades oncológicas avanzadas, irreversibles y terminales. En la práctica clínica no es raro recibir personas que ya han sido valoradas por especialistas, en quienes existe evidencia de enfermedad maligna diseminada, con conducta de manejo paliativo o domiciliario, y en quienes la medicina curativa ha dejado paso al acompañamiento, al control de síntomas y al cuidado del final de la vida. En tales circunstancias, ingresar al paciente únicamente para que fallezca dentro del hospital no siempre constituye un beneficio real. En muchos casos, puede ser incluso contrario al principio de no maleficencia y a la buena práctica clínica, sobre todo si no existe una intervención hospitalaria útil, proporcionada y razonablemente orientada a modificar el pronóstico.

Esto no significa insensibilidad. Tampoco significa abandono. Significa reconocer que la medicina tiene límites y que el deber del médico no consiste en ofrecer medidas inútiles para tranquilizar la angustia ajena, sino en actuar con verdad, prudencia y humanidad. El dolor de los familiares es comprensible. El temor a la muerte en casa, la carga emocional del cuidado y la dificultad para aceptar la etapa final de la vida son realidades profundamente humanas. Pero precisamente por eso debe fortalecerse la cultura del cuidado paliativo, del acompañamiento domiciliario y del seguimiento desde el primer nivel de atención, en lugar de alimentar la falsa idea de que todo sufrimiento terminal se resuelve en un hospital.

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También debe señalarse algo preocupante: grabar, perseguir, hostigar o exponer públicamente a un médico en ejercicio de sus funciones no contribuye a esclarecer los hechos ni mejora la atención del paciente. Al contrario, deteriora el ambiente asistencial, incrementa la tensión, favorece reacciones defensivas y transforma un acto clínico complejo en un espectáculo de acusación inmediata. En el sector público, además, esta práctica suele recaer sobre el profesional que da la cara en ese momento, aunque no sea él quien diseñó las limitaciones estructurales del sistema, ni quien definió la capacidad instalada, ni quien creó la escasez de camas, etc.

La opinión pública debe ser prudente antes de condenar a un médico a partir de un fragmento de video. Lo que circula en redes rara vez muestra la historia clínica completa, el pronóstico real, la indicación previa del especialista, la existencia de conducta paliativa, la ausencia de criterios de ingreso o las razones técnicas que sustentaron una decisión. Un hospital no puede funcionar bajo la lógica de que quien más grita obtiene prioridad. Esa lógica no solo es injusta: es peligrosa.

Defender el criterio médico no equivale a blindar malos tratos ni a justificar conductas inadecuadas. Todo profesional debe tratar con respeto, contención y claridad a los pacientes y sus familias, especialmente en escenarios de sufrimiento extremo. Pero ese deber de trato digno debe coexistir con otro principio igualmente esencial: las decisiones clínicas deben tomarse conforme a la ciencia, la ética y el mejor interés del paciente, no bajo coacción emocional.

Necesitamos una conversación pública más seria sobre el final de la vida, la limitación del esfuerzo terapéutico, el uso adecuado de la hospitalización, el valor de los cuidados paliativos y la protección mínima que merece el personal sanitario frente al acoso. La compasión auténtica no consiste en forzar ingresos inútiles ni en convertir a un médico en blanco de linchamiento virtual. Consiste en procurar al paciente el cuidado que realmente necesita, aunque la verdad duela. (O)

Galo Farfán Cano, médico y máster en VIH, Guayaquil