El anuncio de tres bancos europeos de que ya no financiarán el comercio de petróleo extraído de la Amazonía ecuatoriana –por las implicaciones de contaminación ambiental y de afectación a la población indígena que habita en ese territorio– plantea la necesidad de que nuestro país genere cambios en su política ambiental petrolera o se enfoque en buscar alternativas de crecimiento limpio.

La actividad petrolera ha sido señalada por causar estragos en el hábitat de pueblos originarios de la Amazonía.

En un informe publicado en agosto del 2020 por las organizaciones ambientalistas Amazon Watch y Stand.earth se listan los seis principales bancos que financian el comercio hacia Estados Unidos de petróleo de la región ecuatoriana de las cabeceras sagradas del Amazonas entre el 2009 y mayo de 2020, a pesar de haber asumido previamente compromisos climáticos y de derechos humanos.

Según esas oenegés, los bancos ING, BNP Paribas y Credit Suisse AG fueron responsables de más del 50 % de la financiación del comercio de petróleo amazónico, y son estos los primeros bancos comerciales de alcance global que han detenido la financiación de actividades extractivas en la Amazonía.

Analistas consultados por este Diario consideran que este hecho constituye una alerta para el país. Aunque existen otras entidades financieras a las que se puede acudir, es previsible que otras más se sumen a la tendencia global de cumplir los compromisos corporativos alineados con los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2030, entre ellos, el de ‘Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible, moderna y no contaminante’, que impulsa la ONU y que podría cobrar mayor relevancia con la postura del nuevo presidente estadounidense frente a la crisis del cambio climático.

Por cuánto tiempo más contará Ecuador con ingresos petroleros y cómo emprender la producción de energías limpias son temas que deben partir de la reflexión para ir hacia planteamientos concretos. (O)