Una de las cinco propuestas del Foro Libertad y Prosperidad que reúne a expertos y representantes de la sociedad civil es reducir el tamaño del Estado. Los tiempos de vacas gordas se acabaron mucho antes de la pandemia (alrededor del año 2014) y a quienes manejan la cosa pública no les llegó el aviso. Al llegar Rafael Correa a la Presidencia, el Estado consumía 27 % del PIB, luego aumentó hasta 44 % en 2014, cima desde la cual bajó hasta llegar a 37 % en 2017. Desde ese entonces, el gobierno de Lenín Moreno, a pesar de que sus funcionarios se han pasado hablando de austeridad, han llevado el gasto público a 36 % en 2019. Esto es, sin plan, continuamos transitando hacia la ruina.

Es en este contexto que nos sorprendió la pandemia del COVID-19. Para salir de esto debemos tener un plan acerca de cómo resolver un problema crónico que Ecuador ha tenido desde la fundación de la república: gastamos más de lo que ingresa, lo cual implica una perenne destrucción de capital, frente a la cual los políticos de todo color suelen reaccionar impulsivamente con una política recaudatoria tras otra.

Es hora de cambiar de enfoque y aplicar un principio sencillo que se enseña hasta en libros para niños de prekínder. Uno de los 7 hábitos de los niños felices del best-seller para niños, de Sean Covey, es “Empieza con el fin en mente y haz un plan para lograr ese fin”. A veces pareciera que el fin de nuestra clase política es cubrir el presupuesto a como dé lugar, incluso sacrificando el bienestar de los ciudadanos.

Este principio, llevado a la política fiscal, está detrás del Presupuesto Base Cero (PBC) y consiste en mejorar la calidad del gasto público, aumentando su eficiencia y localización hacia las prioridades básicas del país. ¿Cuáles son las fortalezas del PBC? (1) Permite identificar, evaluar y justificar los costos mínimos para cada servicio. (2) Permite identificar gasto en programas obsoletos que son incorporados por inercia, así como también gastos que no son coherentes con los objetivos. (3) Permite identificar la duplicidad de programas, ministerios o agencias del Estado. Y, tal vez la más importante, (4) permite estructurar todo el presupuesto con base en los objetivos claramente delineados por las autoridades; esto, porque son los objetivos los que dan paso al nivel del gasto y distribución de este y no al revés.

Los retos de implementar esta metodología son (1) hacerlo de tal manera que no se burocratice innecesariamente este proceso de rendición de cuentas del gasto; (2) superar la inevitable resistencia por parte de quienes se benefician del statu quo; y (3) reformar aquellas leyes y disposiciones constitucionales que hacen imposible aplicar esta metodología a la totalidad del gasto público.

Siempre hay el riesgo de que llegue al poder un gobierno cuyos objetivos sean los equivocados. Si el objetivo es concentrar y retener el poder, o simplemente no moverles el tapete a poderosos grupos de interés, no avanzaremos en la dirección correcta. En cambio, si el objetivo es generar un mayor bienestar para los ciudadanos, entonces el gobierno adoptará políticas procrecimiento que incentiven el ahorro y las inversiones. Por ejemplo, reducirá la carga tributaria, para lo cual es inevitable, en nuestro caso, reducir el tamaño y la envergadura del Estado. (O)