… un país en el que la ley disparaba, mataba y hería, que autorizaba a los gendarmes a usar los toletes ablandadores de ideas como los llamaba Mafalda, contra quienes se atrevían a protestar por las injustas medidas económicas de un gobierno presidido por quien antes de las elecciones era uno y después de ellas otro. Una ley que no necesita la orden de ningún funcionario público para que se ejecute, como declaró el comandante de la Policía Nacional, porque los agentes están bien formados. La historia desmiente tal aserto y los sucesos de octubre de 2019 lo confirman, cuando los indígenas, trabajadores y otros ciudadanos se manifestaron contra el decreto que eliminó el subsidio a varios combustibles, que provocaría un aumento del ya alto costo de la vida, grave en las zonas rurales, donde, a septiembre de 2019, la pobreza ascendía a 40,3 % y la extrema pobreza a 17,4 %. Índices incrementados dolorosamente por la pandemia.

Los indígenas, crédulos, venían conversando con el régimen, hasta que en agosto del 2019 dejaron de hacerlo por la falta de interés de su interlocutor. En dichas circunstancias se dictó el malhadado decreto, reconocido por el comandante policial como detonante de las protestas, al igual que por organizaciones internacionales y de la sociedad civil, de defensa de los derechos humanos. Un decreto que integraba la agenda económica impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que profundiza las desigualdades económicas y sociales.

En octubre de 2019 hubo 9 muertos. Más de un año después, no hay resultados de la investigación de la Fiscalía que determine responsabilidades y el régimen no ha reportado a la Comisión Internacional de Derechos Humanos sobre dichos eventos. Hubo 1.507 heridos, entre ellos personas que perdieron un ojo, y 1.330 detenidos, la mayoría de ellos arbitrariamente. Las entidades de derechos humanos señalaron que no se respetaron los principios y normas de legalidad, necesidad y proporcionalidad. También los protestantes cometieron desmanes y resultaron heridos algunos gendarmes, que el Gobierno condecoró. A las víctimas de la represión y sus deudos, no. Represión avalada por un estado de excepción que dictaminó favorablemente la Corte Constitucional, prorrogando inconstitucional y paradójicamente su periodo, dentro del cual ocurrieron los desafueros oficiales.

Lejos de reconocer su responsabilidad en el exceso de la fuerza de sus agentes, el régimen, con el eco del palco ha criminalizado la protesta, como hizo el precedente, enjuiciando a los dirigentes indígenas, estigmatizándolos, pretendiendo reducir la justa protesta a una disputa política con la oposición, como acotan defensores de derechos humanos, también perseguidos según la CIDH. Y no cumplió el acuerdo con los indígenas cuando derogó el referido decreto.

Abraham Lincoln dijo: “Este país, así como sus instituciones, pertenece al pueblo que lo habita y cuando este crea que el gobierno existente no es lo bastante bueno, puede modificarlo en virtud de su derecho constitucional, aun cuando para ello tenga que apelar a la revolución”. (O)