Los procesos democráticos responden a la realidad de cada sociedad. En el caso de Chile, las violentas protestas de octubre del año pasado condujeron a que, por primera vez en ese país, se les consulte a los ciudadanos, mediante referéndum, si aprobaban o rechazaban la redacción de una nueva Constitución.

A pesar de la pandemia, y de que el voto es voluntario en Chile, la participación de los electores superó el 50 % de los empadronados. De ese universo, el 78,28 % se pronunció a favor de la pregunta “¿Quiere usted una nueva Constitución?”. La segunda interrogante consultaba: “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?”. Ganó la opción de una convención constituyente, que estará formada por 155 ciudadanos, mitad hombres y mujeres, elegidos en su totalidad por voto popular; es decir, no participan los representantes del Congreso y se amonesta a los partidos políticos.

Luego de redactada la nueva Constitución habrá otro referéndum para aprobarla. Todo el proceso tomaría un par de años. Sin embargo, los chilenos podrán estar seguros de que la nueva Constitución gozará de representación y de legitimidad, que es precisamente lo que consideran que no posee la Constitución de 1980, vigente, cuestionada por tener un origen ilegítimo porque debe su origen al régimen militar dictatorial de Augusto Pinochet, a pesar de que esa carta magna fue sustancialmente modificada en 1989 y 2005.

La motivación de las protestas sociales fue la desigualdad social, que exige reformas profundas en cuanto a la seguridad social, la libertad de enseñanza y que el Estado tenga una mayor participación e involucramiento en la prestación de los bienes básicos, entre otras demandas.

La Constitución que se elabore a partir de las expectativas de un amplio sector de la población deberá procurar garantizar que las prestaciones exigidas sean realizables; de lo contrario, al cabo de unos pocos años, la insatisfacción volverá a ser protagonista de más vandalismo y destrucción. (O)