¡La informalidad en el país es alarmante!, 83 de cada 100 trabajadores ecuatorianos están en desocupación, o sea no tienen empleo adecuado, trabajo de 40 horas semanales.
El recorte de personal en instituciones públicas y privadas que no ha parado, el incesante cierre de negocios, la reducción del salario, entre otros, provocaron un incremento impresionante en los índices de desempleo y desocupación que ha obligado, sobre todo, a la clase más menesterosa, a salir a las calles en búsqueda de sustento diario. Y si a ello sumamos el colapso de sectores como de la construcción, hotelero, turístico, comercial, etc., derivado de la crisis económica a consecuencia de la corrupción y posteriormente por las medidas restrictivas por el COVID-19, el panorama no es alentador. La estabilidad laboral quedó en cero y las posibilidades de acceder a la
seguridad social son casi nulas. El presidente Moreno ha dicho que la inyección económica que recibirá el país proveniente de los préstamos del FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, de la China, etc., permitirá dinamizar la economía y mejorar las posibilidades de acceder a un trabajo digno y perenne, pero hacia el 2025, 2030 o 2035; lo cual no representa buena noticia ni garantía, pues los recursos vendrán a cuenta gotas y quienes lo administrarán serán quienes asuman el poder a partir del 2021. Todo ello ha agravado las brechas sociales que ya eran grandes antes de la pandemia y de la ola de corrupción destapada. Quienes hoy engrosan la informalidad en las calles, son muchos jóvenes que no tienen beneficios laborales como licencias de maternidad o paternidad, seguro social, jubilación, etc., y deben buscar alternativas de sustento vendiendo frutas, etc. ¿Dónde está la labor social de los Gobierno central y locales, para paliar en algo esta punzante realidad? (O)
Manuel Eugenio Morocho Quinteros, arquitecto, Azogues