Propone Simón Espinosa en su columna última en El Comercio –y yo me hago eco de su propuesta que es lógica, fundamentada, necesaria, para recuperar la ruta del derecho–, que si la Constitución de Montecristi fue aprobada directamente por el pueblo, en un referéndum, por el mismo sistema, el pueblo puede derogarla; acto seguido, en la misma consulta, el pueblo puede declarar vigente la última Constitución, la de 1998, que por no ser nueva, no necesita seguir el engorroso trámite de la actual Constitución con el que buscó convertirse en eterna, al igual que las de todos los países en los que triunfó el socialismo del siglo XXI. Recuérdese que fue Chávez el que nos envió a unos asesores españoles de Podemos para que redactaran la Constitución de Montecristi; son los mismos asesores que redactaron la Constitución bajo la que gime el pueblo de Venezuela. Así que los ecuatorianos no estamos regidos por una Constitución hecha por ecuatorianos. Las reformas que intenta la Asamblea, al fin de su mandato, no conducirán a ninguna parte porque está integrada, en su mayoría, por legisladores nacidos del correísmo, aunque estén divididos en dos bandos; a más de que no vemos entre ellos a conocedores del derecho constitucional; entre los candidatos anunciados para la nueva Asamblea tampoco vemos juristas, hombres de Estado. Pocos hombres de valor, muchos ambiciosos. Los dos bandos que apoyaron la Constitución de Montecristi, es curioso, ahora la han objetado: el morenismo, al llamar a consulta popular para reemplazar al CPCCS existente por uno transitorio, y el correísmo, cuyo candidato presidencial acaba de reclamar la reunión de una Asamblea Constituyente. Esto último luce como un medio para nuevamente meter mano en la justicia y dejar sin efecto las condenas del caso Sobornos.

La propuesta de Simón Espinosa, de reemplazar la Constitución vigente por la anterior, tiene antecedentes en nuestra accidentada historia republicana. Recordemos algunos: la segunda Constitución liberal de Alfaro, de 1906, luego de la expedida en 1929, por la Asamblea Constituyente convocada por Ayora, fue declarada nuevamente vigente por las dictaduras de la segunda mitad de los años treinta, primero, y luego, cuando no se llegó a formalizar la de la Asamblea Constituyente del 38, disuelta por Mosquera Narváez, el Congreso proclamó la vigencia de la de 1906. La Constitución de 1946, que reemplazó a la de 1945 –en Asambleas convocadas, ambas, por Velasco Ibarra–, permaneció vigente hasta la dictadura militar de 1963, que declaró vigente la efímera de 1945. Más tarde, en 1970, Velasco Ibarra puso en vigor, nuevamente, la de 1946.

La propuesta de Espinosa abre un camino para superar esta aciaga época; al presidente Moreno le enaltecería llevarla adelante convocando un referéndum que podría efectuarse simultáneamente con la primera vuelta electoral. Los candidatos a presidentes y legisladores tendrían que pronunciarse y comprometerse sobre la consulta. Esta eliminación de la Constitución de Montecristi, por decisión popular directa, sería una válvula de escape para tanta frustración, descontento, cólera, contenidos. Hay que eliminar el mal, de raíz, para recuperar la libertad. (O)