Se advierte real interés en algunos candidatos a asambleístas por empaparse de temas agrarios, varios han tenido la gentileza de pedir mis opiniones, piensan que podría serles útil la experiencia que he acumulado luego de una larga vida profesional como agrónomo, funcionario público y privado, en el sector. Debo honrar mi expresa predisposición de hacerlo con todos los que requieran esa desprendida asesoría, indiferente del partido o movimiento que los promueva, en el entendido de que se necesitará de todos para proyectar al campo a un futuro mejor.
A los aspirantes a legisladores les anima el ferviente deseo de presentar propuestas de leyes que influyan en el agro, cuando casi todo lo que hay que hacer en él consta en una voluminosa e inservible legislación, faltaría muy poco, ocurrió que los gobernantes no tuvieron la voluntad política para ejecutarla; les he demostrado que el tiempo precisado para preparar proyectos, conseguir apoyos, tramitar en comisiones, debates interminables antes de ser promulgados, corriendo el riesgo de ser vetados parcial o totalmente, significa desgaste de recursos, meses y hasta años, con alta dosis de frustración.
El trabajo legislativo se evalúa en función de los proyectos que impulsen, descuidando la otra porción básica, la fiscalización, hay que pedir cuentas de la ausencia de aplicación de disposiciones jurídicas agrarias positivas, labor que pueden hacer inmediatamente los noveles congresistas, tendrían un vasto campo de dedicación, pidiendo informes a ministros, haciéndolos comparecer para que den explicaciones de su falta de eficacia, en especial en hacer respetar las normas de precios de las cosechas a los agricultores. Quedaría un amplio espacio para la investigación de acciones que han cruzado desvergonzadamente los umbrales de la corrupción, permaneciendo intocadas por la influencia de ocultas fuerzas encubridoras.
La esterilidad de las leyes agrarias se comprueba en la voluminosa Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales, vigente desde el 14 de marzo de 2016, no registra un solo hecho relevante realizado. Existen otras, como la de Soberanía Alimentaria, de mayo de 2009; la de Recursos Hídricos y Aprovechamiento de Agua, de agosto 6 de 2014; la de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, del 8 de junio de 2017; Sanidad Agropecuaria (3 de julio de 2017); el Código Orgánico de Promoción e Inversiones de 2010, que contiene normas agrarias y el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo del Sector Agropecuario; la flamante Ley de Apoyo Humanitario que luce en el Registro Oficial 229 de 22 de junio; y la de la “Palma Africana”, en plena validez, y no ha pasado nada. Y así muchas más.
Les he sugerido a los futuros asambleístas, estudien las preguntas agrarias constantes en el planteamiento de consulta popular y si son aprobadas, encontrarán en ellas muchas respuestas a sus aspiraciones, desbrozándoles el camino a un eficiente quehacer legislativo y fiscalizador, evitando que la sugestiva expresión “vamos a mirar al campo” se desvirtúe y convierta, de tanto repetirla y no concretarla, en desgastada frase de cliché publicitario. (O)
