Leí en un subtítulo de una noticia de Diario EL UNIVERSO, ‘Hasta que termine el Gobierno habrá 1500000 familias protegidas por el Estado". Con mucho interés leí la entrevista y pude verificar que la aseveración correspondía a un ministro y que el plan se resume en entregar dinero a determinado grupo de ecuatorianos que representa menos del 10 % de la población total. Lo que más me llamó la atención es que el dinero para este ‘plan’ proviene de la deuda adquirida en condiciones blandas, pero deuda, que al final de cuentas aumenta el gran pasivo que tenemos los ecuatorianos.
No cabe duda –opino– que nuestros políticos tienen mal ajustada la brújula de la gobernanza. Entiendo que un ciudadano se siente protegido por el Estado y su Gobierno, cuando puede caminar libremente por las calles sin ser amenazado por la delincuencia, cuando cuenta con fuentes de trabajo digno, cuando sabe que la fuerza pública le da garantía de protección, que los políticos electos generan marcos legales justos e igualitarios, cuando el sistema de salud es eficiente, cuando la educación es de primera, cuando sabe que fruto de un manejo técnico, ético y eficiente existen fondos y economía sana para enfrentar situaciones de emergencia, en fin cuando hay las condiciones para un armonioso desarrollo social.
No creo justo, peor equitativo, dar dinero a unos, mientras otros están impagos, mientras los becarios solos en el extranjero y que son el futuro tecnológico del país están sobreviviendo sin ‘la protección del Estado’ (léase incumplimiento contractual del Estado), mientras muchos ecuatorianos hacemos maroma y media para pagar las cuentas y los impuestos. Claro que nuestros ciudadanos en condición de pobreza requieren atención preferencial, eso es innegable y obvio que el principal gestor de esto es el Gobierno de turno (para eso se lo eligió), pero canalizando recursos con un verdadero plan que los capacite, forme, financie para que sean parte de la población económica activa. Esto no se logrará dando bonos, sino estableciendo un programa que sea política de Estado y deban ejecutar los sucesivos gobiernos. (O)
Leonardo Castillo Manrique, ingeniero naval, Guayaquil