Vivimos en un Estado de derecho donde la presunción de inocencia es uno de los preceptos básicos que nos garantizan que si en algún momento somos acusados de algo injustamente, solo mediante un proceso que brinde todas las garantías, la justicia finalmente será la que determine si debemos o no cumplir una pena.
En ese sentido, es cierto que existen casos que para la opinión pública ya son cosa juzgada debido a lo públicos y evidentes que han sido, y porque sus protagonistas se encuentran hoy tan estigmatizados que cuesta mucho creer que no son culpables; afortunadamente, ni la prensa ni los ciudadanos somos quienes debemos tomar esa decisión, sino probablemente por falta de conocimiento de derecho, guiados solo por nuestras emociones, terminamos metiéndonos a la cárcel unos a otros. Además, es inadmisible que ciertos órganos policiales se prestarían para realizar actos que alimenten el morbo y desprestigiar a la justicia queriéndola convertir (al igual que a otras instituciones ya les ha sucedido) en un circo para entretener a las masas. Existen graves problemas a los que hoy nos enfrentamos como país: una pandemia ineficientemente manejada, un Estado que ha logrado que arrastremos deuda hasta que nuestros hijos terminen convirtiéndose en padres, millares de servidores de la salud y maestros que aún no reciben sus remuneraciones... Lamentablemente, estos problemas no se encuentran como prioridad de los ciudadanos que ahora están más preocupados por llevar la comida del día a sus familias y curar a sus enfermos que no pueden ser recibidos en los hospitales abarrotados. Es por esto que la prensa debe tomar rol protagónico ayudando a que los ciudadanos nos enteremos de manera objetiva de los problemas del país, no se debe seguir promoviendo la ignorancia en la cual seguimos sumidos. La justicia, por su parte, debe llenarse de profesionales de primer nivel para que sean ellos quienes la administren y no las cuotas políticas. (O)
Francisco Andrés Ramírez Parrales, ingeniero, Samborondón