Por Pablo Gallego *
La Amazonía ecuatoriana la conforman seis provincias: Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona y Zamora. Hogar de numerosos pueblos y culturas desde tiempos remotos, en el que viven cerca de 174 000 personas, distribuidas en: Shuar 100 000; Kichwas 60 000; Achuar 7000; Waorani 3500; Andoas 800; Cofanes 970; Siecopai 480; Zaparas 360; Shiwiar 730; Sionas 638; Tagaeri y Taromenani no se conoce y Tetetes, desaparecidos. He servido por más de 40 años como misionero en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana, primero en la provincia de Sucumbíos y los últimos 9 en la provincia de Orellana. He sido testigo de los profundos cambios económicos, sociales y culturales que ha sufrido esta región olvidada del país, y especialmente las nacionalidades y pueblos indígenas. Todos estos pueblos han sufrido secularmente: invasiones, explotación laboral y por el petróleo, la minería, la extracción de madera, la colonización, el cultivo de la palma africana, entre otras.
Ciertamente se abrieron carreteras, puentes, aeropuertos, surgieron nuevos pueblos y ciudades. Por fin el Oriente se incorporó al país, pero ¿qué precio pagó? deforestación, contaminación de ríos y esteros, quema constante del gas, vertido de aguas venenosas de formación a los ríos y los grandes cultivos.
Las nacionalidades indígenas, con apoyo de las misiones católicas, se fueron organizando para exigir atención al Estado, ya que ellos no eran fantasmas sin identificar en tierras baldías a los que nadie consultó al comienzo de la era petrolera. Este camino de más de 60 años estuvo lleno de dificultades y conflictos, pero en la actualidad casi todas las comunidades tienen reconocidas sus tierras en régimen comunitario y sus miembros son considerados ciudadanos con derechos y obligaciones.
Estos conflictos, juicios como el de la comunidad amazónica contra Chevron Texaco, denuncias sobre los frecuentes derrames petroleros (como el de la ruptura de los oleoductos el día 7 de abril en San Rafael, provincia de Napo, denuncia que contó con apoyo de los obispos de Lago Agrio y Coca), han afectado a la vida y a la salud tanto de indígenas como colonos. La aprobación de la Ley Amazónica genera recursos de la renta petrolera, pero los tres años últimos se ha producido un retroceso en la región: obras inconclusas, falta de personal de salud, falta de partidas docentes, gobiernos seccionales desfinanciados.
En este contexto nos llegó el COVID-19. ¿Qué decir? Sin muchos casos al principio, poco a poco han ido subiendo alarmantemente los contagios. No faltaron al principio las ayudas alimenticias, aunque sin coordinación; y ante los hospitales colapsados, las comunidades indígenas y colonas han tenido que acudir a los remedios caseros y medicina ancestral. Es digno de reconocer las brigadas médicas realizadas por la Fundación Alejandro Labaka y el Fondo Ecuatoriano de los Pueblos (FEPP), que han fortalecido a los centros de salud rurales. Los datos tanto de la población en general como de las nacionalidades se han publicado en la prensa nacional, pero la situación sigue siendo alarmante. (O)
(*) Misionero carmelita.
