Hace un año se desalojó a hombres y mujeres, nacionales y extranjeros, de la parroquia La Merced de Buenos Aires, en el cantón imbabureño de Urcuquí, en cuyo territorio las actividades en torno a la minería ilegal habían impuesto altos niveles de peligrosidad. Decretado el estado de excepción en la zona, con el fin de recuperar el orden y la seguridad, se movilizaron hasta allá policías judiciales y militares para vigilar el área y que el Estado pudiera recuperar el control.
El pasado fin de semana ocurrió un ataque contra la Policía en Molleturo, parroquia rural de Cuenca, una zona donde hay enfrentamientos entre quienes están a favor y en contra de la actividad minera. Cinco policías fueron víctimas de un grupo de ocho a diez ciudadanos que portaban armas de fuego y machetes; los golpearon y los despojaron de sus armas, uniformes, equipos de comunicación, y quemaron un patrullero.
Los gendarmes, que se alojan en el sector, en el campamento de una empresa minera cerrada desde el 2018 por orden judicial, no tuvieron la experticia o el entrenamiento requerido para repeler el ataque de personas acostumbradas a la tensión constante y a enfrentamientos entre sí y con miembros de la Policía.
Una anterior agresión a la Policía en ese sector se dio en julio del 2019, se destruyó un patrullero y dos uniformados resultaron heridos. En esa ocasión se señaló que los agresores pertenecían a grupos contrarios a la minería. Ahora no se ha determinado quiénes serían los atacantes.
Además de investigar el presunto delito de tentativa de asesinato, agresión y daños a los bienes del Estado, que se desprende de la denuncia colocada en la Fiscalía, se deben recuperar los elementos sustraídos, para evitar que se usen con fines ilegales. Y debe dársele especial atención a la selección del personal que se asigna para cubrir zonas de conflicto; que posean capacitación y entrenamiento para actuar con anticipación, destreza y ventaja sobre quienes cometen actos irregulares, en lugar de ser superados por ellos. (O)
