La economía de los ecuatorianos está en terapia intensiva. La epidemia del COVID-19, con la consiguiente cuarentena y todas las medidas de prevención ordenadas por el Gobierno Nacional, ha puesto en evidencia la fragilidad económica de Ecuador.

No solo respecto a las finanzas estatales, sino a lo que sucede con el ecuatoriano común: el empresario grande, el mediano y pequeño empresario, el empleado público y privado, los emprendedores y trabajadores independientes.

En el país existen 7,8 millones de trabajadores, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), de los cuales se calcula que 306 763 realizan teletrabajo durante el confinamiento en casa por la emergencia epidemiológica.

Hay incertidumbre por parte de los empleadores privados acerca del pago de salarios a sus colaboradores. Muchas empresas han cesado de sus funciones a cientos de colaboradores en todo el país, pese a que desde el Gobierno se prohibió tomar esas drásticas decisiones.

Y estos no solo son rumores o temores. Un estudio realizado por la Universidad de las Américas (UDLA) estima que las empresas ecuatorianas tienen recursos limitados y, sin ingresos, el 50 % de ellas no resistirá más de 37 días. Asimismo, se calcula que solo el 25 % de las empresas nacionales podría resistir hasta 70 días sin ningún ingreso. Para este estudio se tomaron en cuenta los datos de cerca de 33 000 empresas de todo el país de todos los tamaños.

No nos olvidemos de que la situación económica para el ecuatoriano promedio ya era problemática, pues el salario básico en el país solo cubría el 55 % de la canasta básica. Tampoco nos olvidemos de que son 4 691 224 ecuatorianos que se encuentran en el subempleo y la informalidad.

Viendo esta realidad, el Gobierno ha previsto la creación de bonos de contingencia para suplir en algo la carencia de ingresos para aquellos que no pueden salir a trabajar. Sin embargo, el llamado bono de emergencia familiar, que entregará 60 dólares mensuales, en abril y mayo, solo beneficiará a 400 000 personas.

Pero, en mi opinión, el sector más afectado por esta crisis es la clase media, que incluye a empleados públicos y privados, emprendedores y trabajadores independientes. Los mismos que basan su economía en remuneraciones fijas (en el caso de quienes están en relación de dependencia) y en lo que produce su pequeño o mediano negocio. Personas que actualmente se encuentran pagando una hipoteca, un préstamo de inversión, deudas con las tarjetas de crédito, etcétera.

Algunos analistas económicos han hablado de la creación de un fondo de salvamento, que tendría que salir de recursos públicos, aportes privados y financiamiento de organismos multilaterales. Esa es una opción sensata pero urgente de diseñar. ¡Estamos contra el tiempo!

Y algo más: hay que ser increíblemente pulcros y eficientes al escoger a las personas receptoras de esta ayuda. ¿Cómo identificarlas?

Hay retos que afrontar. El país necesita más que nunca de sensatez y eficiencia. (O)