Lo temprano vino tarde. Es lo que podría decirse del anuncio matinal de Lenín Moreno sobre las medidas de ajuste económico para enfrentar la crisis agravada por la pandemia del COVID-19. Debió darse en el primer año de gobierno apenas reconoció que la mesa no estaba servida sino vacía. Y lo hizo iniciando el último cuarto de su mandato, en circunstancias que no admiten más demora.

El estilo es el hombre, decía el conde de Buffon. Aplicado al presidente se puede decir que su bonhomía y tranquilidad marcan el ritmo de su cosmovisión donde yace la política como parte del todo. Y nada más ajeno a su ánimo componedor que recortar drásticamente el gasto público con el consecuente impacto social. Por eso prefirió mantener la inercia del estado de cosas que heredó del correísmo, dentro de su objetivo de transición pacífica donde priorizó restablecer la independencia de las funciones del Estado y devolver la libertad de expresión al país.

En la parte económica, el acuerdo con el FMI, fue un paso adelante para el reordenamiento de las finanzas públicas, pero todo se complicó a raíz del último levantamiento indígena.

Después vino la devastación de la pandemia del COVID-19 y ahora toca reconstruir sobre ruinas esparcidas.

Los lineamientos del anuncio apuntan en la dirección correcta, más allá del sacrificio que supone para las familias cuyo ingreso depende del sector público; pero, desde hace tiempo, resultaba inevitable el recorte del tamaño del Estado, la eliminación de instituciones redundantes e innecesarias, y la liquidación de empresas estatales que producen pérdidas. Sencillamente porque la economía no puede soportar semejante peso, cuya descarga ha sido una multiplicidad de impuestos y contribuciones que han elevado los costos del aparato productivo con la consiguiente pérdida de competitividad del país.

La nueva modalidad para fijar los precios de la gasolina extra y diésel, por medio de una banda ajustable cada mes en 5 %, es un adelanto para ir liberando la importación y comercialización de combustibles del yugo que ha sido el monopolio de Petroecuador.

Según lo han manifestado los ministros Martínez y Ortiz, es un esquema de transición que pronto permitiría el libre juego de la oferta y la demanda, con un mecanismo novedoso de subsidio personalizado más eficiente que uno sectorial.

La implementación del ajuste, en especial en lo relacionado con la rigurosa austeridad fiscal con recorte de horarios de trabajo y remuneraciones de los servidores públicos, será la parte más difícil. Hará falta una firme decisión política de un Gobierno débil y titubeante, en una sociedad enervada por el encierro y a la vez afanosa por los medios de subsistencia.

Un caldo de cultivo donde los maestros en levantamientos populares ya vienen haciendo sus cálculos para capitalizar la inconformidad y frustración evidentes. Y, desde luego, con su arrogancia y prepotencia comienzan a agitar la amenaza de una protesta semejante a la de octubre. Son sectores a los que no les importa la gravedad de la situación y solo piensan en pescar a río revuelto.

Ante el caldeado ambiente, toca evaluar la conveniencia de otras leyes que se anuncian. (O)