Estamos en estado de excepción y por lo tanto el Ejecutivo puede, excepcionalmente, mandar dos proyectos de urgencia económica. Ambos ya fueron a primer debate, fueron debatidos, y retornan a las comisiones respectivas para la preparación del texto para el segundo debate.

El un proyecto, el más importante, es una de las reformas estructurales pendientes para sacar al país del marasmo. Introduce extensas reformas a la ley de organización financiera del Estado, Coplafip. La otra, llamada eufemísticamente de Apoyo Humanitario, es para atender la crisis de la pandemia, y es la que atrae toda la atención porque crea impuestos.

La Ley de reformas al Coplafip otorga más herramientas al ministro de Finanzas para poner orden en el Gobierno central y otras entidades del sector público. Pretende proteger a las reservas monetarias de las uñas de un futuro ministro de Finanzas que las codicie. Esperemos que la Asamblea acoja esta disposición no dejándose llevar por los cantos de sirena de quienes sueñan a jugar a banquero con plata de otras instituciones.

Esta ley debería aprobarse, pero primero la Asamblea debe considerar dos aspectos: uno, que el mayor control del Ministerio de Finanzas para frenar el gasto irresponsable de ciertos municipios debe contrapesarse con la naturaleza descentralizada y autónoma de estos: hay que buscar un equilibrio. El otro, que habría errores conceptuales y de coherencia en el texto, según la Comisión.

El proyecto de Apoyo Humanitario trae disposiciones diversas. Ojalá que para la votación se escinda el texto en dos partes, la tributaria y lo demás.

Lo demás, como las reformas al Coplafip, merece ser aprobado una vez que expertos de la Asamblea lo pulan y mejoren. Entre otras cosas, trae un régimen laboral más flexible para la crisis, para facilitar que patronos y trabajadores se pongan de acuerdo para impedir que la empresa quiebre y desaparezcan los empleos. Para el caso de que quiebren, se propone un sistema más ágil para resolverla. En síntesis, si una empresa quiebra, los dueños pierden sus acciones, y los acreedores, sobre todo trabajadores, SRI, IESS y bancos, se ponen de acuerdo para sacrificar parte de lo que les deben, para mantener a la empresa funcionando bajo su propiedad o venderla, y así preservar el empleo y la producción.

Esta ley tiene una segunda parte: crea un impuesto a personas y empresas grandes y rentables, para financiar los programas de ayuda humanitaria. Puesto así, como que motiva a apoyarla. Pero tras meditarlo más, salta que se aumentan impuestos a personas y empresas que hoy no tienen ingresos, y cuando los tengan, serían inferiores en 40 % a lo que son hoy. Esto es, se ganará menos y pagará más impuestos. Entonces, recordamos que estamos en esa angustiosa situación porque el Estado engulle todos los impuestos que pagamos y encima se endeuda para gastar. Concluimos que mientras los contribuyentes continuemos aceptando que nos suban los impuestos, el Gobierno seguirá gastando más. Es hora de frenar ese suicidio estatal por gula y obligarlo a que gaste menos en burocracia y redirija esos fondos a salud. Por lo que la Asamblea podría pasar la parte de reformas para la crisis y negar los impuestos.

(O)