Ecuador es un caso peculiar. El 11 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud Pública, mediante Acuerdo Ministerial n.° 00126-2020, declaró el Estado de Emergencia Sanitaria. Un día después, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana dispusieron medidas de prevención para evitar la propagación de la enfermedad como el aislamiento preventivo obligatorio. El 16 de marzo, el presidente declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional en el marco de la pandemia por COVID-19 a través del Decreto Ejecutivo n.º 1017. Entre otras cosas, se suspendieron el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, asociación y reunión, así como la jornada presencial de trabajo para todos los trabajadores.

Si bien es cierto que la atención médica debe ser prioridad, es inaceptable que hayan pasado más de 40 días desde que empezó la pandemia y, a pesar de la gran cantidad de burócratas, aún no tengamos una reforma que ayude a todos los ecuatorianos.

Son miles los casos de familias enteras en las que abuelos, padres y/o hijos han perdido sus trabajos o fuentes de ingresos. Por supuesto, tienen miedo de que ellos o sus familias sean víctimas de la mortal pandemia, pero están igual preocupados por el cierre de negocios, la reducción de los pagos, las deudas pendientes, la adquisición de alimentos y, los que tienen un poquito más, la inevitable reducción de los ahorros.

Una de las mejores formas de aliviar el impacto económico en la familia ecuatoriana es buscar y permitir todas las alternativas posibles para mantener empleos, aun cuando implique reducción de horas, días y salario, pues tener un empleo y la capacidad de proveer a la familia es parte de la dignidad humana. Una de las más valiosas lecciones que dejó la crisis económica mundial del año 2008 es que cuando los trabajadores dejan definitivamente sus trabajos, les lleva mucho tiempo conseguir otros y los empleadores luchan por encontrar empleados con las habilidades necesarias y específicas ante los problemas económicos. Esta situación retrasa la reanudación y la recuperación económica que el país tanto necesita.

Aunque en muchas partes del mundo los líderes están ganando más poder por la coordinación hacia todo un país que requiere la pandemia, en Ecuador ocurre lo opuesto. El Gobierno pierde capacidad de liderazgo y recurre a irresponsables amenazas como la muerte cruzada. Con esto no quiero inferir que se deberían tomar decisiones contrarias al Estado de derecho y la democracia que tanto defendemos, sino que se necesita de compromiso para que la aplicación y formulación de políticas públicas deje de ser un proceso lento y se conecte a las necesidades y preocupaciones inmediatas de nuestra nación.

Ecuador necesita aprobar un manual de emergencia porque no podemos esperar más. Para salvar vidas, empleos y la economía nacional necesitamos un protocolo que permita, a lo menos, (I) contratación pública rápida y eficiente, (II) modificación emergente del régimen laboral y (III) una vía rápida de aprobación legislativa.

(O)