Josef K. no sabía por qué estaba siendo arrestado. Nadie le daba explicaciones. Al principio, pensó que seguramente se había cometido un error. Luego de la calma pasó a la sensación de ahogo: no entendía qué le estaba pasando, por qué le seguían un proceso y cuáles serían las consecuencias y quién llevaba su caso. Así va la novela clásica El proceso, de Franz Kafka, en la que retrata con singular precisión la sensación de impotencia –y vulnerabilidad– de un individuo ante una burocracia sin rostro.
Llama la atención que no conozcamos hasta hoy la composición del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N), que toma decisiones tan trascendentales que impactan las vidas, empresas y empleos de todos los ecuatorianos. La ministra María Paula Romo me contestó en un tuit enlazando el manual del COE-N, documento que inicia diciendo ser el resultado de lo que aprendieron las autoridades del ramo en el (mal) manejo de la respuesta al terremoto de Manabí en 2016. Creeríamos que hubieran aprendido que fue un error el haber eliminado las juntas cantonales de defensa civil y haber centralizado todo en un ineficiente y politizado sistema regido casi totalmente por el Poder Ejecutivo, pero no.
El COE-N, que hoy decide quién circula, quién trabaja, dónde van las pruebas, entre muchas otras cosas, concentra muchísimo poder y hasta la fecha no ha presentado ni una sola acta de sus reuniones. A los ecuatorianos solo nos informan lo que han decidido basados en informes que nadie ha visto y cuyo sustento nadie conoce. Tampoco sabemos quiénes decidieron. El COE-N está conformado de una plenaria de decenas de personas, todas adscritas o seleccionadas por el Poder Ejecutivo y de las cuales hasta ahora hemos podido ver una lista con nombres.
Cuando me enteré de algunos miembros invitados a participar en varias de estas mesas técnicas de trabajo, les pregunté si ellos tenían una lista con nombres de los integrantes del COE-N y de los asesores que elaboran los informes que sustentan las decisiones de dicho organismo, me respondieron invariablemente: “No me corresponde a mí dar los nombres”. También consulté si existían actas de las reuniones, que deben estar disponibles al público según lo estipula el manual por el cual supuestamente se rigen, y me dijeron que no las habían visto. Busqué en página web de la Secretaría de Gestión de Riesgos y no encontré ni una sola.
Es comprensible que en temas de suma importancia como la garantía del transporte de insumos médicos y todo aquello que asegure la producción y distribución de alimentos el COE-N tenga la máxima autoridad. Pero en momentos de crisis, es todavía más crucial la capacidad de aprovechar la información local. Por ejemplo, los COE cantonales deberían tener autoridad para decidir sobre asuntos como el inicio de clases y la canalización de donaciones y recursos, entre otros. Estos harían un mejor uso de la información dispersa entre las diversas comunidades del país.
Las crisis no son justificación para suspender el sistema de pesos y contrapesos propios de una democracia liberal. Además, suspenderlos tampoco hace que tengamos una respuesta más eficiente a la pandemia, sino todo lo contrario. (O)