Prácticamente a semana seguida, la Asamblea ha debido ocuparse de temas electorales. Las reformas a la ley de elecciones y el juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral llevaron a los legisladores a adentrarse en uno de los aspectos más importantes de la democracia representativa. El sistema electoral y la administración de sus instituciones es un tema que debe ser tratado con una visión de largo plazo y guardando perfecto equilibrio entre los objetivos políticos y las determinaciones técnicas. Del diseño y la administración del sistema electoral dependen no solamente aspectos como la representación y la proporcionalidad, sino también la gobernabilidad y la estabilidad. Sin embargo, tanto en el tratamiento de las reformas como en lo que va del juicio a Diana Atamaint, los asambleístas se han empeñado en demostrar que los viejos vicios de la política mantienen plena vigencia y que no se sacan enseñanzas de las experiencias recientes. La mayoría de ellos ha olvidado lo que sucedió, durante los diez años del correato, cuando las instituciones fueron convertidas en plastilina y tampoco recuerdan las travesuras de los personajes que dirigieron el CNE.

La división de las provincias grandes en distritos, que en su momento fue combatido porque beneficiaba a Alianza PAIS, ahora se la mantiene porque puede ser útil para algunos partidos o grupos de amigos en la próxima elección. La decisión de mantenerlos no se debió a criterios técnicos acerca de los temas de fondo del sistema electoral. Asimismo, el destino de Diana Atamaint no va a depender del análisis detenido y objetivo de las irregularidades que se la atribuyen, sino de las expectativas de esos partidos y grupos de amigos sobre el papel favorable o desfavorable que ella pudiera tener en la contienda. No importa que en uno y otro caso se sienten precedentes negativos para los procesos electorales futuros y en general para la política, si con esas decisiones se puede alcanzar un par de escaños legislativos.

Un aspecto de fondo que explica esta conducta es la concepción territorial de la política. La mayoría de partidos y organizaciones que presentan candidatos están encerrados en una provincia o en unos pocos cantones, lo que determina que su objetivo prioritario sea la conservación de los electores locales. Ya que las reglas vigentes les facultan a actuar de esa manera, se evitan el engorroso trabajo de pensar en el conjunto del país. La inexistencia de partidos de alcance nacional se deriva en gran medida de esa combinación entre clientelas locales y reglas que alimentan las conductas parroquianas. Las escasas organizaciones que intentan contar con presencia nacional deben competir con minúsculos grupos que recogen firmas y presentan candidatos en esos territorios. De esta manera, una institución de alcance nacional, como es la Asamblea, se ve invadida por problemas locales que deberían ser resueltos en sus respectivos ámbitos. La idea del asambleísta como representante de una provincia y no de la nación, un sinsentido en un Estado unitario, es producto de esa combinación y los distritos agudizan la visión parroquial. (O)