El viernes anterior, la Oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos presentó en Ginebra su informe final sobre el papel de la Policía y el Ejército en las protestas sociales ocurridas en el Ecuador entre el 3 y el 13 de octubre del año en curso.
Se trató de una misión de expertos de Naciones Unidas que recorrieron los principales escenarios de la protesta social, del 21 de octubre al 8 de noviembre, recogiendo de primera mano testimonios de quienes fueron víctimas de la brutalidad uniformada, y entre sus principales conclusiones mencionan que “la actividad represiva de los agentes del orden no se ajustó a las normas”, que “en las protestas hubo al menos 9 muertos, 1507 heridos (de ellos 435 miembros de las fuerzas de seguridad) y 1382 detenidos, muchos de ellos arbitrariamente”, que “los agentes del orden –policía y militares desplegados tras la declaración del estado de excepción– no se ajustaron a normas o criterios internacionales al recurrir a un empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza”, y que “víctimas y testigos denunciaron el uso reiterado por parte de las fuerzas de seguridad de gases lacrimógenos y perdigones disparados a corta distancia contra los manifestantes, lo que causó cientos de heridos y probablemente algunas de las muertes”.
La misión fue ordenada por Michelle Bachelet, alta comisionada de derechos humanos de la ONU, y fue ella quien en la lectura de las conclusiones de la misión pidió que Ecuador lleve a cabo “investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos en Ecuador...”.
La misión realizó 373 entrevistas, entre ellas a 83 víctimas. Y no se trata del primer informe con conclusiones similares: la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, integrada por delegados de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la organización Surkuna, Fundación Idea Dignidad y la organización Amazon Frontlines, presentó hace tres semanas las conclusiones de su estudio. Lo coincidente: el uso irracional de la fuerza de parte de los uniformados.
Ahora, lo urgente será saber qué acciones sensatas adoptará el Gobierno tras conocer estos documentos que lo señalan directamente. Digo las reacciones sensatas, porque las acciones ligeras ya se han puesto de manifiesto: bonos compensatorios, días libres, ascensos y cambios del mando, especialmente en la Policía.
La agitada agenda político-económica que ocupa los centros de atención mediático no debe desplazar hacia el terreno de la impunidad las acciones pendientes y sus actores gubernamentales como responsables directos. No solo lo han dicho la ONU, la Cedhu o los medios emergentes; lo dicen miles de familias que resistieron al Decreto 883, y que ahora tienen un padre ausente, un hijo enceguecido, un familiar golpeado y asustado.
Queda, entonces, el registro de lo analizado y concluido; mas no muchas expectativas sobre una intención de reparar o sancionar. Lo ha dicho la propia ministra María Paula Romo, en contra de todo pronóstico: la Policía actuó profesionalmente.
En ese escenario ya sabemos qué esperar. (O)