En días recientes ha habido una serie de desenlaces cruciales.

Correa, que es pasado y presente, sigue en el agujero negro de la corrupción sistémica del Gobierno que encabezó. Las pruebas de su conducta sórdida en el caso Arroz Verde, conocido también como Sobornos, son abrumadoras y no dejan margen a la presunción constitucional de inocencia.

Tal como decía el historiador romano Tácito: “Una vez expuesto el crimen, no hay refugio sino en la audacia”. Podría añadirse para fines de actualización también el cinismo. Él y sus secuaces apelan al manido discurso de la “persecución política”, cuando tardíamente la Justicia –esa doncella de toga con balanza en mano y un velo cubriendo sus ojos (etimológicamente la palabra significa: no ver)– que fue violada impúdicamente por su manga de secuaces, recuperando su dignidad y decoro, impone, ahora sí, rendición de cuentas.

Que todavía tenga algunos partidarios, según revelan las encuestas, solo se explica por aquello de “robar y hacer obra”, según un viejo aforismo ecuatoriano. Tiene una menguante clientela de sordos y ciegos, a la que no le importa que las obras más emblemáticas hayan mantenido generalizados sobreprecios, de tal modo que la coima quedó convertida en política de Estado.

No deja de ser una paradoja que la sirvergüencería de cuerpo entero y por los cuatro costados premie, permitiendo mantener una feligresía que incluye una bancada de 29 asambleístas.

Capítulo aparte la sentencia de la Corte Constitucional sobre la pretensión de una consulta popular para prohibir la explotación de la minería metálica en la provincia del Azuay.

Un fallo jurídicamente alambicado, que si bien no las impide en términos generales las limita a cada caso, de modo que en territorio azuayo tendrían que verificarse 821 consultas, conforme a igual número de concesiones mineras, para cumplir con el objetivo planteado por el activismo político/ambientalista.

El prefecto Yaku Pérez tuvo que encajar la derrota con su sonrisa multimodal, que no discrimina sentimientos de alegría o frustración. Perdió la batalla –y luego de responsabilizar al Gobierno y a las transnacionales– expuso como solución la convocatoria a una Asamblea Constituyente, alineando sorpresivamente su discurso con el de Correa, su perseguidor y confeso enemigo.

La posición justa fue la de las magistradas Corral y Nuques, que consignaron su voto concurrente a la prohibición de la consulta, sin compartir los argumentos de la mayoría. Correctamente opinaron que las prohibiciones a la actividad minera constan en el artículo 407 de la Constitución, que deja al margen centros urbanos, zonas intangibles y áreas protegidas, de modo que cualquier otro impedimento necesitaría de una reforma constitucional y no de una consulta popular local.

Es positivo que el futuro de Ecuador como potencia minera se mantenga merced al fallo.

De último, la aprobación de las reformas al COIP por parte de la Asamblea Nacional deja algunos sinsabores. Respecto al aborto en casos de violación, prevaleció la posición conservadora/religiosa de prohibirlo, a pesar del común criterio de la sociedad secular y laica de permitirlo, bajo esa circunstancia de excepción y a voluntad de la víctima.

Sobre el uso medicinal de cannabis, como correspondía, triunfó el criterio de abrirse a la modernidad. Cosa que no sucedió, en la pretendida penalización por incumplimiento de los precios oficiales de productos como banano, maíz, arroz y leche, así como la comercialización de su suero. El veto presidencial debe corregir esta regresión populista de fortalecer el control de precios en una economía de mercado. (O)