“Durante al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional. Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores/as políticas y críticas al Gobierno (…) en el contexto de ciertas protestas políticas, la GNB (Guardia Nacional Bolivariana), la PNB (Policía Nacional Bolivariana), las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) y algunas policías estatales y municipales presuntamente hicieron un uso excesivo de la fuerza de manera deliberada, con la finalidad de infundir miedo y desalentar futuras manifestaciones. Colectivos armados (grupos paramilitares) también recurrieron a la violencia contra manifestantes, a menudo en coordinación con las fuerzas de seguridad. En muchos casos, estas acciones produjeron muertes y heridas graves”.

El aparato de seguridad de Gobierno “incluye a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y a sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La GNB y la PNB han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014. Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC. Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares. Los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia”.

Mientras tanto las “instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos” contribuyendo con su inacción a la “impunidad y a la repetición de las violaciones”.

Por su parte, los operativos de seguridad ciudadana han “llevado a un descenso constante de la delincuencia en el país, especialmente del delito de homicidio. Sin embargo, en el contexto de estas operaciones (…) el ACNUDH documentó casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad llevadas a cabo en vecindarios pobres. (…) las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un “escuadrón de la muerte” o un “grupo de exterminio”. Según informes de algunas ONG, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas (…) Las autoridades clasifican las muertes violentas resultantes (…) como “resistencia a la autoridad”. El número de estas muertes es inusualmente alto. En 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes (…) en esa categoría, en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo menos 7.523 (…) Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, el Gobierno notificó 1.569” mientras el OVV informó de al menos 2.124”.

El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela ha sido devastador al revelar que la violencia ejercida por el Gobierno ha sido sistemática y coordinada a través de distintas instituciones y poderes del Estado. Adicionalmente ha sido contundente al demostrar que la violencia no ha estado exclusivamente dirigida hacia los opositores sino también hacia los sectores mas populares y vulnerables de la sociedad. También ha confirmado que la violencia se ha ejercido desde al menos los últimos 10 años, esto es, mucho antes de la llegada de Maduro al poder. En resumen, reconoce todas las denuncias realizadas por las distintas organizaciones políticas y de derechos humanos venezolanas de la última década. Las únicas preguntas que quedan por responder ahora son: ¿por qué no se reconoció todo esto antes? ¿por qué hubo que esperar que la crisis alcanzara este nivel de profundidad para reconocerla? ¿Qué se puede hacer detener esta crisis que aún continúa? ¿Qué puede hacerse para que esto ninguna otra sociedad atraviese por esta misma experiencia? (O)