Frágil resultó la seguridad que tuvimos de la garantía constitucional que representaba para nuestros derechos la nueva Corte Constitucional. Han faltado cinco de sus integrantes a su deber de proteger nuestras derechos fundamentales y abusaron del poder del cual los investimos para administrar justicia constitucional.

La decisión adoptada por cinco de sus miembros otorgando reconocimiento constitucional al matrimonio igualitario y a sus derivaciones nos hace temer que, a muy corto plazo, afrontaremos el gravísimo peligro de que nuestras tradicionales instituciones, aprobadas y plasmadas en la Constitución, debido a su activismo político –extralimitándose del poder a ellos conferido–, alteren y vuelvan a modificar la voluntad de ocho millones de ecuatorianos y las normas del convivir social que mediante referéndum adoptamos, prescindiendo de la constitucionalidad a la que deben responder sus actuaciones.

Pero lo más grave del caso es que esta decisión de los cinco jueces constitucionales, supuestamente protectora de nuestros derechos fundamentales, violentando el mandato y sometiéndonos a normas de conducta inaceptables para la mayoría, despojaron a los justiciables de la confianza ciudadana, abandonándonos en un mar de incertidumbre respecto a la protección de nuestras garantías constitucionales, que quedan sometidas al desmán interpretativo de esta mayoría decidora, abogada y militante de esta filosofía, que festejada por Carondelet iluminadamente infunde mayor temor por sus fallos futuros que los expedidos la década pasada por esa corte, lo cual hace imposible su permanencia en ese tribunal.

Además de este libertinaje interpretativo constitucional de los cinco jueces, enfrentamos la crisis revisionista anunciada hace más de un año por la prevista integración correísta-sacerdotal del CPCCS, desafiando todo el orden fiscalizador constitucional; la Asamblea Nacional convertida en Torre de Babel por sus integrantes en la que cada uno de ellos habla su propio lenguaje de poder buscando solo beneficios personales; el CNE en permanente disputa interna sin cumplir con sus funciones y, finalmente, el estancamiento en la renovación de la encubridora Corte Nacional de Justicia.

Este desorden y desacato en el cual cada órgano del poder público, para justificar su arbitrario accionar, reclama para sí inmerecida autonomía constitucional, orillan al país a la anarquía y al caos social, institucional y política, ante la mirada constitucionalmente impotente del Ejecutivo. Solo el pueblo, fuente suprema del poder, es el llamado a ponerle democráticamente punto final a este relajo.

Estos hechos no ocurrían bajo la mano férrea del dictador al que dócilmente obedecieron todos estos organismos. La aún débil democracia actual que vivimos permite estos excesos que urge remediar. De continuar, será necesaria la convocatoria a la asamblea constituyente purificadora, ambicionada por Correa en sus delirios de retornar como triunfal redentor.

Es deber y responsabilidad constitucional del Ejecutivo la solución inmediata convocando una nueva consulta. El juicio político parlamentario solo conseguirá la continuidad de problemas similares. No se puede postergar por más tiempo el fallo plebiscitario que sepulte al CPCCS, nos devuelva la confianza en la Corte Constitucional, destituya a toda la Corte Nacional de Justicia y ponga a los asambleístas a meditar acerca de sus responsabilidades.

Señor presidente, por favor, esta vez convoque la consulta... ¡para luego es tarde! (O)