El contundente informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre los abusos del gobierno de Nicolás Maduro, que van desde la represión a opositores hasta torturas, ejecuciones y el deterioro democrático y económico en Venezuela, es la constatación documentada de una realidad evidente.
Bachelet pide al gobierno de Nicolás Maduro el desmantelamiento de las fuerzas especiales de la Policía conocidas como FAES y de los colectivos armados, y exhorta “a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo– a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo”.
Como era de esperar, el régimen rechazó el informe y negó que en Venezuela existan “personas detenidas” por motivos políticos, aunque liberó a 22 de ellas, entre las que se cuentan la jueza María Lourdes Afiuni y el periodista Braulio Jatar.
La alta comisionada, aunque reconoce que la generalizada crisis económica y social comenzó antes de las sanciones impuestas por Estados Unidos en enero, opina que estas agravan la realidad que viven los venezolanos. Pero levantarlas no es una opción, pues le daría oxígeno a Maduro y a quienes lo apoyan, que se aferran al poder sin mostrar salidas para la crisis. Y el referido informe no logrará persuadirlos de lo contrario. (O)
