Desde niño me dijeron que hay que estudiar el pasado para entender el presente e imaginar o planificar el futuro. También escuché muchas veces que quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Trato de aplicar estas ideas cuando busco mi posición sobre las diversas situaciones del acontecer nacional.

Por ello, ante la grave crisis laboral por la que atraviesa el país, decidí estudiar la historia de la normativa del trabajo.

Hace más de 80 años, a mediados de 1938 se promulgó el primer texto normativo que reguló las relaciones entre trabajadores y empleadores. Esta norma recogía algunas disposiciones previas relativas a la protección social, al desahucio, jornada de trabajo, días de descanso y el contrato laboral. El proceso para su aprobación fue largo, pues contaba con el apoyo del movimiento obrero, pero con el rechazo de gremios industriales e importantes terratenientes.

En las primeras ocho décadas del código originario se han dado cinco codificaciones que han reformado y endurecido el sistema laboral. Lo interesante de la investigación es el giro de 180 grados que se ha dado entre 1938 y 2019.

Entre los principales cambios se encuentra que la indemnización por despido correspondía a un mes de remuneración e, inclusive, si el empleado abandonaba el trabajo debía compensar económicamente a la empresa. Tampoco había obligación de pago de bonos o salarios adicionales, es decir, no existían los famosos “décimos”. En cuanto a las utilidades, estas eran el 5%, que iba a un Comité de Empresa formado por los empleados.

El contrato a plazo fijo, tan necesario en nuestro país actualmente, existía y también se podía contratar por horas. Otro contrato interesante y, probablemente innovador para la época, fue el de trabajo a domicilio. Esta modalidad permitía al trabajador realizar su oficio o tarea desde su residencia. Los empleadores solo tenían que llevar un registro de las tareas encomendadas y entregar los implementos necesarios para el trabajo. Ahora nos intentan vender como novedad el “teletrabajo”.

Lamentablemente, desde el nacimiento normativo laboral hemos tenido una regulación para fijar salarios. Antes se los establecían cada dos años y ahora el ajuste (en realidad es el incremento) es anual. Digo que esto es perjudicial porque en nuestro país los miles de legisladores que han pasado a lo largo de los años han hecho caso omiso a una regla básica: el salario depende de la productividad del trabajo.

En la última década nos trataron de convencer de que los empleadores son enemigos de los trabajadores y por eso crearon normas que dañaron nuestro sistema laboral. Las políticas del correísmo fracasaron. Nadie duda de ello, porque la rigidez excluye a muchos del mercado laboral y el supuesto milagro de la “seguridad social” resultó estar quebrado.

La reforma que hoy necesitamos podría rescatar algunos aspectos importantes de 1938 para flexibilizar el mercado laboral e incentivar al sector privado para que siga creando plazas de trabajo. Eso es lo que necesitan los millones de ecuatorianos sin empleo formal.

(O)