El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-t), que culminará sus funciones la próxima semana, ha desempeñado un rol sustancial en la reinstitucionalización del país. Así lo ha comprendido la Corte Constitucional, que resolvió a través de un dictamen interpretativo que los nuevos consejeros del CPCCS, que serán posesionados el 14 de mayo, no podrán “revisar” las decisiones tomadas por el Consejo transitorio, presidido por Julio César Trujillo.
Entre sus últimas actuaciones, los consejeros transitorios emitieron ayer un mandato para que Pablo Celi, que venía actuando como contralor subrogante desde junio del 2017, continúe hasta el 2022 y termine el periodo que debía cumplir el excontralor cesado Carlos Pólit, prófugo de la justicia, quien durante el correato no honró las funciones de control del manejo de los recursos públicos y favoreció un entramado de corrupción, encubrimiento e impunidad.
Adicionalmente, se ha planteado convertir a la Contraloría en un Tribunal de Cuentas, un cambio profundo que requerirá reformas constitucionales y legales que probará si el país responde a la propuesta de un acuerdo nacional. (O)
