Los ecuatorianos tienen que saberlo: el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no da para más. De acuerdo con un propio informe del IESS, los recursos se agotarán en 23 años y, como consecuencia de ello, será imposible que se continúen pagando las pensiones jubilares así como los servicios médicos a los cuales tienen acceso los aportantes y pensionados.

Con este breve resumen del contexto, es necesario preguntarse: ¿cuáles son las causas de la posible quiebra del IESS? Lo cierto es que hay muchos factores que inciden en el debilitamiento del actual sistema de seguridad social, empezando por la forma en la que está concebido, por el alto financiamiento que da el Estado al IESS y, especialmente, por el régimen laboral que tenemos.

Sobre este último, tenemos que exigir cambios a nuestros gobernantes, pues los datos hacen evidente el problema y la necesidad de reforma. Solo cuatro de cada diez trabajadores aportan a la seguridad social. Asimismo, 46 de cada 100 empleados trabajan en el sector informal y el empleo formal sigue cayendo en Ecuador. Es indudable la informalidad laboral en el país, por lo que tenemos que reconocer que algo anda mal en la normativa para crear trabajos formales.

Se ha discutido mucho, en los últimos años, sobre el marco regulatorio laboral en el país. Para muchos han existido avances fundamentales y para otros, retrocesos y limitaciones. Lo cierto es que en el último año se perdieron 262.000 empleos adecuados. En el sector público, el Gobierno actual ha sido consciente de la necesidad de reducir burocracia innecesaria, pues los sueldos de servidores públicos llegan a $ 9.451 millones, representando el 55% del gasto corriente del Estado. Si se toman acciones contundentes, los despidos incrementarán el número de desempleados.

Estas realidades ubican a Ecuador en el puesto 170 de 180 economías en el mundo en el Índice de Libertad Económica que elabora la Fundación Heritage. En los últimos años nuestro país ha caído en el ranking debido al declive en el campo laboral. El reporte señala que las leyes laborales del país son muy rígidas y ello repercute en la reducción de la competitividad y productividad.

Con base en esta realidad, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha solicitado a nuestro país el cumplimiento de ciertas condiciones que permitan mejorar el marco laboral. Entre ellas, se pide que se regulen nuevos tipos de contratos que permitan más participación de mujeres y jóvenes en la fuerza laboral, que se incremente el periodo de prueba de nuevos trabajadores y que se reduzcan los costos de contratación y despido, lo que implicaría eliminar las indemnizaciones por despido cuando los trabajadores renuncien voluntariamente.

Las empresas pueden crear trabajo, pues para crecer y aumentar ventas necesitan del capital humano. El problema es que Correa se inventó una guerra entre los derechos de los trabajadores y la empresa privada. Si a esto le sumamos los impuestos, restricciones y absurda tramitología creada en la pasada década, los perjudicados han sido los millones de ecuatorianos que necesitan trabajar. Para prosperar, necesitamos mayor libertad laboral.

(O)