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Aguapen, empresa politizada

11 de Febrero, 2019
11 Feb 2019
11 de Febrero, 2019 - 00h01
11 Feb 2019

Aguapen (Agua de la Península) es la empresa pública administrada por los tres alcaldes de la provincia de Santa Elena, dedicada al suministro de agua potable y a prestar servicio público del alcantarillado sanitario, pluvial y tratamiento de aguas servidas. A través de esta columna, desde hace muchos años me he referido sobre las diferentes modalidades legales de las que ha sido objeto y de la clase de servicios que brinda a los cantones de Santa Elena, Salinas y La Libertad. El inicio de sus operaciones se realizó en enero del año 2000 (aprobada mediante escritura pública en el gobierno de Jamil Mahuad un año anterior), fue creada con un capital inicial de USD 2.000 aportado con el 55% de la antigua Cedege y el saldo restante con participación de los tres municipios peninsulares. Sus primeros administradores particulares fueron contratados bajo la figura de servicios prestados, distinta a una concesión. Bajo esta modalidad funcionó hasta octubre de 2009 cuando la estatal Senagua reemplazó a Cedege y entregó la administración al Miduvi. Los alcaldes peninsulares de esa época permanecieron mudos. La provincialización de Santa Elena se efectuó en noviembre del 2007. Y empezó la politización de la empresa con el beneplácito de sus burgomaestres. Las decisiones las tomaban desde Quito. Empezó el caos y la corrupción política en esta empresa. Los servicios que brinda son de pésima calidad. El reclamo de la ciudadanía es constante. Los cortes son a menudo, con el consiguiente perjuicio.

A través de la página web de la entidad me entero de que en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del 2019 hay algunas novedades. No se contemplan recursos para solucionar el problema de aguas servidas en el casco central de Santa Elena, que está colapsado, pues la pestilencia es evidente. Hace siete años la entidad contrató estudios para cambiar la tubería de asbesto cemento cancerígena en pleno centro de la capital de provincia a un costo de USD 2 millones; acto realizado por el actual gerente. En el PAC 2019 no hay la respectiva partida presupuestaria. Pretenden comprar edos camionetas y alquilar más vehículos por USD 290.000. ¿Por qué no adquieren diez carros?; no se detalla el gasto corriente en salarios ni número de trabajadores de la entidad; planifican comprar 500.000 medidores, partida que debe ser revisada, etc.

Los alcaldes, accionistas de la entidad, están en la obligación de pedir información al respecto. De igual manera los asambleístas peninsulares. Al momento de escribir esta nota llueve copiosamente en la Península, las inundaciones son desesperantes, se nota la falta de mantenimiento. En La Libertad la situación es deplorable. La labor de Aguapen es cuestionada y criticada por la ciudadanía, que a través de las emisoras de radio piden auxilio. La situación es crítica.

El abundante presupuesto para adquirir materiales no se refleja con la realidad. Aguapen debe ser auditada y luego tomar acciones legales. Y para eso hago un pedido a las autoridades de control. La Contraloría del Estado no existe en la Península. La politiquería está presente. Aun así, se están escuchando voces de formar nuevas mancomunidades por parte de ciertos politiqueros; no debemos permitir que aquello ocurra. En el caso de Aguapen debe ser concesionada para que brinde un óptimo servicio, fuera del alcance de las manos de los politiqueros. (O)

Aguapen, empresa politizada
Aguapen, empresa politizada
2019-02-11T00:01:15-05:00
El Universo

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